JUJUY
Una comitiva de varios organismos de Derechos Humanos encabezada por integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió hoy sobre el "grave nivel de violencia institucional" que se verifica en la provincia y deploró la aplicación del código contravencional local "para controlar o reprimir cualquier manifestación que se organice".
Las organizaciones llegaron a la provincia el pasado jueves con el propósito de denunciar los 2.000 días de detención de la dirigente social Milagro Sala, a quien consideran como "una presa política", al igual que otros integrantes de la agrupación Tupac Amaru, que se encuentran privados de su libertad.
La comitiva está conformada por representantes del CELS, de ATE-CTAA, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, de La Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y del Movimiento Villero Alberto Balestrini.
"Hemos identificado como marca especifica en esta provincia el uso del código contravencional para controlar o reprimir cualquier manifestación que se organice", relató el director del CELS, Diego Morales, tras encabezar hoy una última jornada de trabajo durante la cual se recibieron denuncias por parte de distintos sectores políticos y sociales de Jujuy.
Y en ese sentido, agregó: "Hay situaciones en las cuales vecinos que se organizaron para defender su territorio fueron criminalizados y reprimidos, como sucedió en el barrio de Campo Verde, donde se ejerció violencia institucional contra ciudadanos que intentaron defender un espacio de encuentro".
Morales lamentó que en esos hechos se haya intentado involucrar a Milagro Sala, quien recibió una imputación por una supuesta instigación.
"Fue una manifestación que sucedió muy lejos de su hogar, donde ella continúa privada de su libertad, y se la acusa de haberla instigado, cuando en realidad fue un episodio de represión y lo que hay que investigar son los abusos policiales", remarcó el dirigente del CELS en declaraciones a la prensa.
También detalló que hay situaciones de "comunidades indígenas, como la de Tusca Pacha, a la que el año pasado se los intentó desalojar de su territorio ancestral", y la de los "vendedores ambulantes o trabajadores que se organizaron para reclamar por mejores condiciones laborales y tuvieron como respuesta la aplicación del código contravencional o el silencio".
En tanto, Morales aseguró que hasta "hay personas que por hacer una expresión cultural, como lo es un grafiti, han sido acusados con el código penal con la figura de amenazas a funcionarios públicos".
"Lo que vemos es que los resortes institucionales de protección de derechos tienen debilidades, eso algo importante de destacar y será importante lo que podamos generar", resumió Morales al exponer volverán a la provincia para relevar más testimonios y solicitar reuniones con autoridades.
En el marco de una rueda de prensa, María José Cano, de ATE-CTAA, afirmó además que la comitiva se lleva una lectura de "un avance violento del Gobierno local sobre el pueblo jujeño" y que "se debe frenar esa violencia institucional".
En la misma línea, Berta Lozano, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, aseguró que "no solo contra Milagro Sala, que es una presa política, hay una sistematización de la violencia en Jujuy".
"Existe un avasallamiento de los derechos humanos, sobre el cual el Gobierno nacional tiene que intervenir y dar una respuesta", sostuvo Lozano.
"Se están atacando de diferentes formas todas cuestiones que puedan salir a la luz. Hay una clara decisión política por silenciar a todo aquel que piense de forma diferente. Esto se tiene que visibilizar a nivel nacional", exhortó finalmente, Miguel Meira, referente de APDH La Matanza.