Embargan a Petro Ap por el daño ambiental en Calilegua

 La Justicia Federal libró el embargo contra la empresa, Petro AP SA que explotaba 35 pozos petroleros en el yacimiento de Caimancito y que forma parte del Parque Nacional Calilegua. El Gobierno Provincial le reclama US$ 150 millones a la petrolera china por daños económicos y ambientales. La empresa abandonó intempestivamente su trabajo hidrocarburifero, a los trabajadores, a sus proveedores y a los pozos petroleros que exploraban generando un riesgo de daño económico y ecológico. El punto es que como Petro AP se fue del país, el embargo librado por el juez federal Esteban Hansen a pedido del fiscal de Estado Mariano Mirada es ahora contra de Petro AP S.A, de

Petro AP Hong Kong, y de la TCL Group. Al irse de Jujuy dejaron unas 20 familias sin trabajo, pero como también estaban en Salta y Mendoza se habla de que al irse dejaron a unos 300 trabajadores cesantes. TCL es la

única que se encuentra hoy en la Argentina a través de Radio Victoria Fueguina, que ensambla productos electrónicos en Tierra del Fuego, según la denuncia del fiscal. Por eso ahora, la provincia busca recargar el peso del embargo en TCL. Sin embargo, el gobierno jujeño busca evitar un daño político en las relaciones con el gobierno chino y de éste con el argentino. Busca que el reclamo se resuelva de por un camino económico. Ocurre que según afirman

fuentes diplomáticas, TCL invocó ya un trato “discriminatorio y persecutorio”, y está pidiendo la protección política de Beijing. Jujuy tiene una decena de empresas chinas afincadas en la provincia, entre ellas gigantes como Huawei y Powerchina. En el marco de un acuerdo con el gobierno de Jujuy y la compañía Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) durante la gestión kirchnerista de Eduardo Fellner, la petrolera fue autorizada a explorar y

explotar petróleo, por un período de 24 años. La inversión de la empresa, según anunció el mandatario provincial, llegaría a 60 millones de dólares. En diciembre de 2015 y bajo la administración de Gerardo Morales, a pedido de Parques Nacionales la Legislatura provincial dictó la Ley Nº 5.889 que dejó sin efecto las autorizaciones otorgadas para la explotación de los pozos dentro del Parque Nacional Calilegua por motivos de preservación ambiental. Petro AP

operaba los 35 pozos de Caimancito que tiene 1000 hectáreas junto a la sociedad del estado jujeño JEMSE. Esas hectáreas quedaron fuera del parque pero están pegadas. En las acusaciones que presentó el fiscal Miranda aparece no sólo el hecho de que el estado jujeño debió hacerse cargo del Plan de Cierre de los pozos que Petro AP debería concretar en un plazo de 8 años. Sino también las consecuencias de no hacerlo. Consecuencias que van desde lo

económico, a lo ecológico por el riesgo de tener los pozos sin cerrar o mal cerrados.