PREOCUPACIÓN DESDE EL SECTOR PRIVADO
Buenos Aires - El Poder Ejecutivo envió ayer a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece le creación de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo y que aumenta la injerencia de los gremios en empresas privadas de más de cien empleados. La iniciativa fue cuestionada por el sector empresario y dirigentes de la oposición que no dudan de la voluntad del Gobierno de sumar injerencia sobre el sector privado y generar más tensión.
La decisión de enviar el proyecto al Congreso fue anticipada el miércoles por el presidente Alberto Fernández, tras un encuentro que mantuvo en la Casa Rosada con dirigentes de la CGT y de las dos vertientes de la CTA para adelantarles los alcances de la iniciativa. "No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo XXI", expresó Fernández al celebrar la redacción del proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados.
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La iniciativa lleva las firmas del Presidente; del ministro de Trabajo, Claudio Moroni y del jefe de Gabinete, Juan Manzur. El proyecto, que sigue lineamientos de la OIT, prevé la creación de Comités Mixtos, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.
Según el texto, la creación de ese comité "será obligatorio en dichos lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen cien o más trabajadoras y trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por dos representantes de las trabajadoras y los trabajadores, y por el empleador o la empleadora en igual número".
"Es importante que los compañeros o compañeras tengan un lugar para plantear sus reclamos. No hay ningún artículo que hable de la injerencia estatal", dijo ayer Moroni, quien destacó que hay leyes similares en provincia de Buenos Aires y Santa Fe.
En tanto, en las empresas en las que se desempeñen más de quinientos trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes. Por otro lado, y en aquellos lugares en los que se desempeñen más de diez trabajadores y/o trabajadoras y menos de cien, "el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo".
La propuesta, de 11 artículos, apunta a crear un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, en el que se concederá prioridad al principio de prevención. El proyecto obliga a las empresas que tengan más de cien trabajadores a crear el Comité en un plazo de 60 días y 30 días para las compañías en las que se desempeñen 200 o más personas, una vez promulgada la ley.
La primera reacción oficial fue de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que expresó su "profunda preocupación" por la iniciativa, a la que calificaron como "desafortunada". "Tal como está planteada, resulta perjudicial, ya que implicaría costos económicos significativos para empresas que ya se encuentran en una situación muy delicada", explicaron en un comunicado. Tal como está planteada, resulta perjudicial, ya que implicaría costos económicos significativos para empresas que ya se encuentran en una situación muy delicada (CAC)
La Cámara dijo que la injerencia estatal en estas cuestiones colisiona con la autonomía colectiva y la libertad de negociar de las partes, "lo que resulta contrario a los principios defendidos por la Entidad y a la generación de un clima de negocios que incentive la inversión".