CONFLICTO POR EL EX BANCO DE DESARROLLO
La diputada provincial Mariela Ferreyra, perteneciente al Bloque Frente de Todos - Partido Justicialista, sumándose a las expresiones de distintos sectores respecto de la situación de conflicto entre los ex trabajadores del ex Banco de Desarrollo y el Gobierno Provincia, manifestó que "desde el gobierno provincial se montó una campaña mediática para confundir".
En este sentido, la legisladora provincial consideró oportuno difundir con claridad "los alcances del proceso judicial que inició la Asociación Bancaria para que se respeten los derechos adquiridos de los empleados de la entidad disuelta por una Ley provincial, con el fin de garantizar el convenio colectivo de trabajo del sector", dijo.
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Sobre este aspecto, Mariela Ferreyra señaló que "la información que hizo trascender el gobierno en la jornada del jueves, haciendo alusión a que la Justicia hizo lugar a su apelación y que con esto se caía la presentación judicial de La Bancaria, es malintencionada porque busca confundir a la gente".
La legisladora expuso que "la apelación contra una sentencia cautelar, como la que dictó el juez Fernández Madrid, no suspende el cumplimiento de la misma".
Luego precisó que "esto significa que el gobierno debe cumplir con la orden del magistrado actuante hasta tanto la Cámara de Apelaciones resuelva el recurso de apelación, para lo cual falta bastante tiempo", agregó.
En ese contexto, la legisladora justicialista remarcó que "el gobierno recurra o apele o disienta de todas las formas que le permita el Código de Procedimiento es en ejercicio del derecho de defensa, pero de ningún modo el pedido de apelación fue resuelto como pretende instalar ante la opinión pública.
Por otro lado, sostuvo que el conflicto generado por el gobierno está perjudicando a los trabajadores que no perciben sus salarios ni tienen cobertura de obra social, agravándose la situación de algunas personas que se encuentran internadas o con hijos en terapia intensiva. "Es importante aclarar que el efecto suspensivo de la cautelar no afecta el cumplimiento de las prestaciones básica alimentarias y de salud", finalizó.