El excontador de los Kirchner pidió volver a declarar como arrepentido

Buenos Aires - Víctor Manzanares, el ex contador del matrimonio Kirchner que estuvo preso durante dos años, pidió volver a declarar como arrepentido en la llamada causa de los Cuadernos, según revelaron fuentes judiciales. Manzanares estaba citado ayer por el juez federal Julián Ercolini, que subroga el juzgado federal 11, para indagarlo en una ampliación de la causa por lavado de dinero, en el capítulo que salpica a Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor Kirchner.

En rigor, Manzanares no está solicitando ampliar su declaración como imputado-colaborar para revelar nuevos hechos sino, básicamente, para cuidar la estrategia procesal de cara al juicio oral. Según el abogado Roberto Herrera, defensor de Manzanares, lo que solicitó fue que la declaración sea ante el fiscal ya que, en el marco de las presentes actuaciones, Manzanares prestó declaración indagatoria y sus dichos se sustanciaron en el marco del acuerdo de colaboración.

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"Pedí que su declaración sea ante el fiscal en los mismos términos del artículo 41 ter, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 27.304 con relación a los hechos nuevos", argumentó. Para la defensa de Manzanares, sirve como ejemplo de esta estrategia lo sucedido con Leonardo Fariña en la causa por la llamada "ruta del dinero k". El primer "arrepentido" vinculado a casos contra el kirchnerismo ya fue condenado en el juicio en donde también fue sentenciado el empresario santacruceño Lázaro Báez. Pero hay otras causas pendientes, desprendimientos de esa investigación, como "El Entrevero" y "M&P", en donde Fariña también tuvo que declarar bajo la figura del imputado-colaborador de cara al futuro juicio. Como Herrera también es abogado de Fariña, solicitó para Manzanares la declaración en esta nueva imputación bajo los términos de la ley del arrepentido.

"Fue precisamente por dichos de Manzanares que se ordenaron estas nuevas indagatorias con más personas", señalan en el entorno del contador que vive en Santa Cruz. Pero quien fuera el hombre de confianza del matrimonio Kirchner y firmaba sus declaraciones juradas no es el único que ya figuraba como arrepentido que enfrentó esta semana al juez Ercolini. Ya desfiló por el juzgado Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz, quien se remitió a los dichos que ya había prestado ante Sornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.

Precisamente es la investigación por el dinero que estuvo en la manos de Daniel Muñoz donde la causa cuadernos más avanzó en la recuperación de la plata. Muñoz ya estaba siendo investigado por su patrimonio cuando explotaron las anotaciones de Oscar Centeno. Para ese entonces, tras el escándalo Panama Papers, le había detectado quincena de propiedades en el exterior. Incluso un departamento en el Plaza Hotel de Nueva York, Se calcula que había movido unos 70 millones de dólares. Mientras tanto, Manzanares brindó su declaración en una serie de audiencias, y confirmó que lavaba dinero para Muñoz. "Hacerlo feliz a Daniel Muñoz era el summum para mí, porque Kirchner lo maltrataba, le pegaba, entonces yo lo llamaba por teléfono desde Río Gallegos y le decía te fabriqué dos o tres millones de pesos de blanco y le pedía que vaya de shopping, a gastárselo".

Cuando terminen las indagatorias -con la declaración de Manzanares en la fiscalía de Stornelli en los próximos días y la ratificación en el juzgado-, el juez deberá resolver las situaciones procesales. Ayer ya firmó la ampliación de procesamientos para el ex segundo del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, dos ex funcionarios y un grupo de empresarios por cohecho.

La vicepresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios que hacían negocios con el Estado. Precisamente, Baratta era, según la investigación judicial, el "cobrador" y su chofer, Oscar Centeno, el que decidió escribir en distintas libretas aquellas travesías. Cuando el escándalo estalló en la Justicia, Centeno se convirtió en "arrepentido" y activó una causa que sacudió a tribunales a mediados de 2018 con detenciones de ex funcionarios y empresarios de primera línea buscando ser "imputados-colaboradores" para evitar la cárcel