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BOLIVIA
El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) anunció ayer que renunciará al cobro de la indemnización económica que le concedió ayer el Tribunal Constitucional tras considerar inconstitucional su inhabilitación como candidato al Senado en las elecciones de 2020.
El exmandatario señaló que su objetivo ahora es conocer quién dio la orden en su contra en los comicios de hace dos años.
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Además, si bien celebró la sentencia del Constitucional, criticó que la decisión llegara tarde.
"Iniciaremos todas las acciones legales para saber quién dio la orden para inhabilitarnos. Por memoria, verdad y justicia, el pueblo tiene derecho a saber la verdad. No tenemos la intención de cobrar la indemnización. Nuestra demanda fue por justicia y no por dinero", subrayó en sus redes sociales.
En este punto, aclaró que "nunca" pidió una indemnización por lo ocurrido y aseguró que el Tribunal Supremo Electoral actuó "políticamente" en aquel momento para evitar que pudiera participar en las elecciones.
"En 2020, la derecha golpista nos inhabilitó y trató de proscribir al Movimiento al Socialismo (MAS)", sostuvo el líder de izquierda, quien además acusó al organismo electoral de "atentar contra el derecho del pueblo a elegir libremente".
El Tribunal Constitucional de Bolivia le dio la razón a Morales al declarar inconstitucional la inhabilitación de su candidatura a senador en 2020, según la sentencia conocida ayer.
La decisión, que se emitió el pasado mes de mayo, da como probado que el Tribunal Supremo Electoral violó los derechos de Morales al evitar que pudiera presentar su candidatura como senador en esos comicios que se celebraron un año después de que tuviera que renunciar a su triunfo electoral de 2019 y se viera obligado a salir del país ante la presión de parte de las Fuerzas Armadas.
Esa movida supuso un golpe de Estado que eyectó al poder a Jeanine Áñez, de ultraderecha y desde hace meses encarcelada por múltiples cargos, entre ellos sedición, corrupción y violación a la Constitución y a los derechos humanos.
Su gobierno de facto duró solo un año, tras lo cual asumió el también mandatario izquierdista Luis Arce, holgado vencedor en las elecciones generales.
Morales, que se había exiliado a Argentina tras las presiones políticas sufridas por las acusaciones infundadas de fraude electoral en los comicios de 2019, había sido inscripto por el MAS.
Sin embargo, el TSE dispuso tras una demanda presentada por la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Carmen Eva Gonzales Lafuente, que Morales no cumplía los requisitos pertinentes para presentar una candidatura
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