ULTIMO MOMENTO:
Piden congelar fondos y activos de los tripulantes
Buenos Aires - En medio de un profundo hermetismo, la Justicia avanza sobre la red de empresas que se esconde detrás del avión de Emtrasur que aterrizó en Buenos Aires el 6 de junio con 47.882 kilos de autopartes. Hay al menos siete firmas, de diferentes países, bajo la mira. Hasta ahora, solo declararon un representante de SAS Automotriz, el importador que encargó el traslado desde México, y la despachante de Aduana que figura en la documentación. No aportaron nada nuevo para la causa.
En las próximas horas deberá presentarse ante el juez Federico Villena un responsable de Fracht, la empresa de logística que se encargó de la operación. Hasta ahora, esa firma se desligó de la contratación de Emtrasur y apuntó a una empresa mexicana. Entre las empresas involucradas se destaca SAS Automotriz, una firma que comercializa asientos y panel de instrumentos para el Volkswagen Taos que se produce en la planta de General Pacheco. Ante el escándalo, SAS responsabilizó a Fracht que, a su vez, decidió echarle la culpa a Aerocharter México. También está bajo investigación la firma Blue Wings, una firma local encargada de realizar los trámites para Emtrasur. Y otra firma española, Alcux Air Spain, que habría contratado el vuelo por USD 600 mil.
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La causa judicial sigue bajo secreto de sumario. La filtración del teléfono del piloto Gholamreza Ghasemi, donde se encontraron fotos de tanques, misiles y de una bandera repudiando a Israel, provocó que la información sobre todos los aparatos quede bajo mayor resguardo. El material está bajo análisis de algunos empleados de juzgado y del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal. La Policía de la Ciudad solo intervino en la primera etapa del proceso, cuando se realizó una copia forense de todos los aparatos.
En las últimas horas, la PFA sumó otro informe preliminar a partir del análisis del contenido de los teléfonos, las tablets y las notebooks secuestradas. Los detalles se conocieron el jueves en un reunión a puertas cerradas. Participaron representantes del juzgado, la Fiscalía y la DAIA. "No se mostraron las fotos, solo hubo una explicación del trabajo que se está haciendo", dijeron. También la querella de la DAIA responderá el último requerimiento de la fiscal Cecilia Incardona y pedirá que se mantengan las medidas
En tanto, los diputados Ricardo López Murphy y Gerardo Milman se presentaron ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para pedir que ese organismo anti lavado "ordene el congelamiento administrativo de fondos y activos" de todos los tripulantes. Todavía hay muchas dudas sobre la titularidad del avión. "Hay información cruzada sobre el verdadero dueño", dicen en la Justicia federal.
