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El Fiscal Especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública Nº 2, Dr. Diego Ignacio Funes, brindó ayer una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la investigación encarada por denuncias de beneficiarios de distintos planes sociales. En la oportunidad, descartó que existiera una persecución política de parte del organismo hacia las organizaciones.
El Dr. Funes expresó que "se inició hace aproximadamente dos meses una investigación a raíz de diversas denuncias que pusieron en conocimiento de la autoridad policial y de la Fiscalía que en algunos casos personas vulnerables social y económicamente habían sido amenazadas o amedrentadas con perder sus beneficios sociales en caso que no asistieran a marchas o no pagaran una suma de dinero para las organizaciones".
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"Hubo varias denuncias al respecto, también entrevistas que realizó personal de la Fiscalía y policial a personas que si bien no estamparon su firma en la denuncia, manifestaron estas circunstancias donde los amenazaron de esta forma. También se denunció la existencia de multas para las personas que no asistieran a una marcha las cuales se incrementaban cuando no asistían a dos marchas y luego eran amedrentados con perder el beneficio social en caso de varias inasistencias".
Por ello "la Fiscalía entendió que podría existir la comisión del delito de extorsión, o de amenazas coactivas, y en este sentido se dispuso iniciar la investigación".
"Nos llamó la atención que a pesar de que eran varias las organizaciones denunciadas, el modus operandi parecía idéntico o similar, es decir que en todas estaba la misma exigencia, la misma amenaza, entonces entendemos que detrás de estos delitos de extorsión, no sólo había un dirigente, un referente que había decidido amenazar a alguna persona de escasos recursos, sino que había una organización, una planificación, una estructura detrás de esto".
"No había una 'tarifa' fija, pero las denuncias hablan de que tenían que dejar la mitad del Plan Social al dirigente, en algunos casos más y en otros casos había una 'tarifa menor' que era un porcentaje de lo que la persona cobraba por su condición de vulnerabilidad".
Indicó que "este motivo diferente medidas que se hicieron y el pedido de allanamiento de domicilio y sedes que se hizo al Juez de Control el cual receptó favorablemente y hemos realizado ayer varios allanamientos y secuestros de documentación".
Sobre los resultados de las mismas, mencionó "estuve analizando, hay muchísima documentación que podría corroborar la hipótesis de la Fiscalía en el sentido de que había un cierto mecanismo para hacerse del dinero de esta gente vulnerable a partir de amenazarlos con perder sus planes".
Al ser consultado por los medios sobre el secuestro de documentos que darían cuenta de manejos de importantes sumas de dinero, el Fiscal contestó "lo que nos llamó la atención de alguna de las personas que fueron allanadas es que tenían documentación que en principio podrían llevarnos a pensar que estas personas tienen un manejo de dinero muy importante que no se corresponde con su situación de desocupados o del beneficiario de algún tipo de plan".
"Todo es materia de investigación que está en pleno curso, veremos hasta dónde se llega. Hay varias líneas investigativas y las vamos a seguir a todas".
Para finalizar, los medios consultaron al Fiscal sobre expresiones de dirigentes de organizaciones sociales que sostienen que existe una persecución política hacia las mismas, a lo que el doctor Funes dejó en claro que "el Ministerio Público de la Acusación es un órgano de persecución penal, persigue delitos, no persigue a organizaciones, ideas políticas, persigue delitos, y en este caso se ha denunciado la posible existencia de delitos y por supuesto que se está realizando una pesquisa tendiente a acreditar la existencia, o no, de esos delitos que se han denunciado".
