ULTIMO MOMENTO:
NUEVOS ALEGATOS EN EL JUICIO POR LA OBRA PÚBLICA
Buenos Aires - Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola iniciaron ayer la cuarta audiencia de sus alegatos en el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. En esta oportunidad, la Fiscalía ahondó sobre lo que llamó "la caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló".
Se trata de las obras públicas que las empresas de Báez recibieron para obras de remediación de canteras y movimiento de suelos. Ante el Tribunal Oral Federal 2, y sin la presencia de Cristina Kirchner, autorizada a ausentarse, el fiscal Luciani señaló que Báez ganó todas las licitaciones para la remediación de canteras por un total de 220 millones de dólares y que la gran mayoría fueron cercanas a las elecciones presidenciales de 2007 que ganó el Frente de Todos.
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En esta oportunidad, la fiscalía analizó lo que llamó "la caja clandestina de Lázaro Báez", en referencia a los contratos de remediación de canteras en Santa Cruz. "Fue sorprendente ver que la maniobra defraudatoria era tan burda", expresó Luciani y señaló: "Es una situación altamente preocupante por la cantidad de vicios, arbitrariedades y las millonarias sumas de dinero comprometidas, que muestran que detrás de estas aparentes licitaciones o modificaciones se escondieron actos graves de corrupción".
En este sentido, el fiscal destacó que al Grupo Austral se le adjudicaron 51 obras y remarcó que "no fueron más que otra excusa para extraer legítimamente fondos del Tesoro Nacional hacia Lázaro Báez".
A su vez, Luciani detalló que el total de los contratos otorgados es de "más de 220 millones de dólares", asignados para la realización de "tareas simples". Asimismo, cuestionó cómo pudo ser que otras grandes empresas no se enteraron de las licitaciones y no pudieron participar. "Lázaro Báez sí se enteró, y las ganó todas", señaló.
"Señores jueces, hubo un apartamiento sistemático de la ley, verán que todo fue muy burdo", planteó el fiscal al detallar las modificaciones de obra y extensiones de contratos otorgados a Austral Construcciones durante los años del kirchnerismo.
"Se otorgaron más de 1.500 millones de pesos en ampliaciones de presupuestos para estas obras. Se destinaron fondos públicos a obras ilegales que sirvieron para perjudicar al Estado", manifestó Luciani, quien analizó que "cada paso de esta maniobra estuvo perfectamente sincronizado".
"El perjuicio para el Estado fue acrecentándose cada vez más, sin límites", sostuvo. "Estamos hablando de mucho dinero señores jueces, mucho dinero", remarcó. En reiteradas ocasiones, expuso, "se autorizaron modificaciones de obra cuando estaban por terminarse los plazos, siendo que las obras tenían colosales atrasos".
Esto, según dijo, fue "para justificar la ineficiencia de Austral construcciones", y explicó que "la figura de las modificaciones de obra fue utilizada sistemáticamente para cubrir" esa ineficiencia, en parte debida a la "avalancha de obra pública con la que se lo vio beneficiado en aquellos años".
Por su parte el fiscal Sergio Mola resaltó que "las obras direccionadas recibían fondos del Tesoro Nacional sin pasar previamente por los controles". "No tenemos ninguna duda de que las licitaciones públicas a las que estamos refiriendo y analizando, convocadas por la administración tanto Nacional como Provincial, se trataron de licitaciones aparentes que fueron direccionadas hacia Lázaro Báez", comenzó remarcando el fiscal Sergio Mola.
"Estas licitaciones públicas fueron, y constituyeron, el ropaje jurídico, elegido por los imputados, para direccionar fondos hacia las empresas que estaban bajo el dominio de Lázaro Báez", continuó y recalcó: "No hubo licitaciones. Fueron contrataciones directas disfrazadas con este ropaje".
En este sentido, Mola afirmó que "se quebrantó abiertamente la ley y los principios que deben regir toda contratación pública". Además, mencionó una "inexplicable celeridad" en el proceso y un "intolerable beneficio" hacia las empresas de Báez. En esta misma línea, argumentó que "de esta forma, las obras direccionadas recibían fondos del Tesoro Nacional sin pasar previamente por los controles que el uso de esos fondos exigía".
Pese a las recusaciones presentadas contra el fiscal Diego Luciani, y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, el Tribunal Oral que lleva adelante el juicio por la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, resolvió continuar con el alegato acusatorio de la fiscalía.
