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Tambien contempla a la Defensoría del Pueblo y la Oficina Anticorrupción
En el Salón Marcos Paz de la Legislatura Provincial y de acuerdo a lo establecido en la agenda de trabajo parlamentario para el Proyecto de Ley de reforma parcial de la Constitución, los miembros de la Comisión de Asuntos Institucionales continúan realizando reuniones con representantes de distintos sectores de la sociedad.
Entre los numerosos sectores que ya formaron parte de este debate y tuvieron oportunidad de exponer sus planteos, estuvieron las autoridades de los Ministerios Públicos de la Acusación y de la Defensa Civil, de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina Anticorrupción.
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En ese marco, desde la mencionada comisión, Ramiro Tizón se explicó ante los presentes que en el texto de pedido de reforma parcial de la Constitución, lo que se propone es jerarquizar estos organismos, consagrando esto como un derecho dentro de la Constitución, como organismo de rango constitucional, "indudablemente no solo se lo jerarquiza, sino que también se los perpetúa, se les da una sustentabilidad en el tiempo", indicaron.
Olga Ivacevich, defensora general del Ministerio Público de la Defensa Civil, señaló que "estamos de acuerdo con la reforma y con el alcance que tiene. La experiencia demostró que esta autonomía, esta autarquía de los ministerios como extra poder, permite que se puede ejercer de mejor manera el derecho, porque ambos ministerios tienen la función de garantizar el acceso a la justicia de los habitantes y, de esta manera, sostener la democracia y el equilibrio". Igualmente, remarcó "esto va a garantizar el acceso a la justicia de la población en situación de vulnerabilidad".
Por su parte, Sergio Lello Sánchez, fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, expresó que "la reforma es muy importante, va a dar un salto cualitativo en concepto de la justicia. La Constitución vigente, como las de la época, no contempló nuevas funciones del funcionamiento de la justicia. Tener autonomía no es un capricho, tiene que ver con el debido proceso. Celebramos esta reforma, que viene a institucionalizar decisiones políticas del estado vinculadas al Ministerio Público y al correcto funcionamiento de la justicia".
De igual manera, Josefa Herrera, fiscal de la Oficina Anticorrupción, remarcó: "veo con beneplácito esta iniciativa porque la Constitución debe aggiornarse a los tiempos que estamos viviendo y a la actualidad. Veo con beneplácito que uno de los puntos consagre a la Oficina Anticorrupción. Por Ley somos los encargados de velar por el cumplimiento de la Ley de Ética Pública, en la transparencia de los actos de gobierno y esto fortalece al sistema democrático. La consagración permitirá fortalecer y jerarquizar la Oficina, permitiendo hacer más eficiente el funcionamiento y la mayor colaboración de los demás poderes del Estado".
Javier De Bedia, de la Defensoría del Pueblo, destacó que "hay muchas oportunidades en que se hacen recomendaciones, pedidos, a autoridades o cualquier persona y no son respondidas. Al tener rango constitucional, aún altas autoridades tienen que responder a los requerimientos de la Defensoría. Queremos solicitar a los legisladores y a quienes sean los convencionales, la ampliación de la competencia, porque estamos prestando otros servicios que están por fuera de lo que nos indica la Ley, pero que son necesarios para la gente".
