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El gobierno defiende el artículo del Presupuesto
Buenos Aires - Las empresas de distribución eléctrica de todo el país podrán saldar deudas por $500.000 millones en cuotas mensuales y por un plazo de ocho años, para lo cual podrán obtener recursos por medio de un ajuste tarifario, según el proyecto de Presupuesto 2023 que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados.
Para el caso puntual de Edenor y Edesur, el monto de la deuda a pagar entre ambas es de $200.000 millones, que es la que mantienen con la compañía administradora mayorista del sistema eléctrico, Cammesa.
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Para que puedan afrontar la deuda, el Estado permitirá que las distribuidoras obtengan recursos adicionales a través de un ajuste en las tarifas. En este punto, la intención es que las tarifas que se pagan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comiencen a igualarse con las que se abonan en el interior, que son mucho más altas.
"Se establece un plazo no mayor a 90 días para realizar las revisiones tarifarias integrales correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del área metropolitana de Buenos Aires", según el proyecto de Presupuesto aprobado el miércoles. Además, la iniciativa establece que "dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales deberán publicar, en un periodo no mayor a 90 días, cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones".
En consecuencia, todas las distribuidoras morosas tendrán un plazo de tres meses para elevar las recomposiciones tarifarias. La revisión tarifaria debe ser convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en el caso de Edenor y Edesur, que son las dos únicas distribuidoras de jurisdicción nacional. Ambas empresas deberán actualizar el valor agregado de distribución (VAD) que es lo que cobran por la prestación del servicio eléctrico en sus áreas de concesión.
El Presupuesto 2023 obtuvo media sanción de Diputados y ahora se aguarda su tratamiento en Senadores, para que finalmente pueda convertirse en ley.
Ayer, el Ministerio de Economía salió a defender el artículo que se aprobó en el Presupuesto nacional y que les permite a las empresas de energía aumentos de tarifas en los próximos tres meses y pagar deudas millonarias con el Estado en 96 cuotas. Lo hizo a través de declaraciones de la Secretaría de Energía, que conduce Flavia Royón.
"Se priorizó al Estado y no a las empresas, ya que, desde 2021, se estaba implementando un sistema perverso que dañaba al propio Estado. Durante la gestión del anterior ministro de Economía (por Martín Guzmán) se generó un mecanismo de habilitación para pagar las deudas que perjudicaba directamente al Estado nacional", argumentaron desde la Secretaría, en defensa del cambio que impulsó Sergio Massa.
Mediante el sistema hasta ahora vigente, se aplica un interés sobre la deuda con las distribuidoras, pero se dan "casos reales como el de una empresa que pagaba 54% por los pasivos con CAMMESA y tenía excedente líquidos colocados al 70% en plazo fijo", ejemplifican en el entorno ministerial. Para solucionar esta situación, la actual conducción económica realizó modificaciones en el sistema de pagos, con el objetivo de actualizar la deuda que tienen las distribuidoras con CAMMESA cada vez que se realicen modificaciones en las tarifas del servicio eléctrico. Dicho de otra forma, "las deudas de las empresas se mantendrán en función del valor de la energía" señaló una alta fuente del ministerio.
Una vez que sea sancionado el proyecto de presupuesto, la conducción económica tiene previsto convocar a todas las empresa distribuidoras para informales sobre el cambio normativo, con la intención de que el sistema sea puesto en funcionamiento sobre fin de año o comienzos del próximo. En Hacienda no se descarta que desde el sector privado se presenten medidas cautelares objetando al nuevo régimen.
Según Economía, el artículo se confeccionó con pedidos que hicieron desde la oposición. Ahora, como explica el artículo, tendrán 90 días para una "Revisión Tarifaria".
