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La diputada justicialista Débora Juárez Orieta, quien fue desaforada y suspendida en el cargo tras una votación en la Cámara de Diputados de Jujuy realizada hace dos semanas, denunció hoy que se llegó a ese punto porque decidió "no militar" en el Gobierno provincial y acusó al mandatario local, Gerardo Morales, de dirigir las "persecuciones" y "armado de causas contra quienes piensan distinto".
La legisladora, además, refirió que no es la única que sufrió persecución por su función en el recinto, al recordar que en el 2021 la diputada Alejandra Cejas también vivió una situación similar y resultó desaforada y suspendida.
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"Hay una escalada de situaciones que se producen en Jujuy con el armado de causas. Se usa la justicia como herramienta para disciplinar a quienes no militamos dentro del Gobierno provincial", afirmó Juárez Orieta en declaraciones a Radio 10.
La legisladora mencionó que denunció, junto con un grupo de colegas, casos de abuso de autoridad, corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos cometidos por funcionarios del Gobierno y que ese hecho terminó por desencadenar su desafuero.
"Desgraciadamente, el número (de votos) para que el oficialismo lleve a cabo estos procedimientos se los otorga el PJ local. El Gobierno provincial coopta voluntades por miedo y para aprovechar negocios. Es el caso del presidente del PJ de Jujuy (el diputado provincial Rubén Rivarola). De esta manera, reúnen el apoyo de las demás bancadas. Salvo cuatro diputados, la legislatura votó en pleno para que me desaforen", explicó.
Y agregó: "como peronista lo que más dolor me da es que otros compañeros hayan levantado la mano en la Legislatura y que sean hoy ellos los que actúan como verdugos de Gerardo Morales".
El desafuero de Juárez Orieta se produjo el 15 de febrero pasado durante la segunda sesión extraordinaria del cuerpo legislativo jujeño, en la cual se dio ingreso a un pedido remitido el día anterior por el Juzgado de Control Nº 6 de la provincia y que fue tratado al momento por moción del bloque que responde al gobernador Morales.
El jueves pasado, diputados del bloque Juntos por Jujuy, al que integra Juárez Orieta, calificaron la decisión de la Legislatura como "un hecho de gravedad institucional" ya que "se trata de una suspensión absolutamente arbitraria plagada de irregularidades".
Juan Cardozo, diputado del bloque, cuestionó que en un plazo de 24 horas se trató el desafuero peticionado, y "sin siquiera estar firme el pedido, ya que, como toda resolución judicial, podía ser recurrida y no se dio esa oportunidad".
Mientras que el abogado Juan Giusti, representante de Juárez Orieta, sostuvo que se trata de una "causa inventada" que data del 2012 y donde "las denunciantes son militantes radicales".
"Cuando no hay estado de derecho no tenemos nada. Hoy en Jujuy, desde el vendedor ambulante hasta el gran empresario, sufren la persecución política. Cada vez son menos los opositores en Jujuy", observó la legisladora.
Por otro lado, se refirió a la represión ocurrida en noviembre pasado en el pueblo kolla de Caspalá, en la que varias personas fueron detenidas por la policía cuando protestaban contra el proyecto del Gobierno para obras sobre terrenos que estaban siendo utilizados por la comunidad, pese a que con anterioridad se habían asignado otros sectores.
"En un pueblito donde hay gente humilde y tranquila no hace no muchos días a modo de aprietes entre 13 y 14 personas fueron detenidas para demostrar a los demás que el que no hace lo que Gerardo Morales quiere van a ser disciplinados", expresó.
