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TESTIGO APORTÓ DATOS Y LA JUSTICIA SECUESTRÓ ELEMENTOS DE PRUEBA Chats telefónicos la involucrarían como instigadora. Casación ordenó "proteger a manifestantes".
La Justicia de Jujuy ordenó ayer un allanamiento en la casa de Milagro Sala situada en el barrio Cuyaya en el marco de la investigación por las graves incidentes ocurridos el 17 y el 20 de junio, cuando partidarios de la dirigente social, militantes del Polo Obrero e integrantes de otras organizaciones sociales protagonizaron serios disturbios, en el marco de las protestas por la nueva Constitución.
Fuentes judiciales confirmaron que el allanamiento en la casa de Sala, que cumple con prisión domiciliaria, fue ordenado por el juez Rodolfo Fernández. Los investigadores sostienen haber encontrado indicios de que la dirigente habría cumplido un rol de instigadora en los sucesos. Tales evidencias surgen de mensajes de texto y audio, más movimientos advertidos en los alrededores del domicilio de Sala en las horas previas al ataque a la Legislatura, el 20 de junio, luego de la jura de la nueva Constitución.
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El peritaje a los celulares y la declaración de algunos testigos fueron clave para determinar el allanamiento, según indicaron fuentes del caso. Integrantes de la Tupac Amaru aseguraron, en paralelo, que durante el procedimiento se secuestraron dinero, computadoras personales y teléfonos móviles, entre otros objetos.
El allanamiento habría sido pedido por un fiscal tras el testimonio de un imputado de identidad reservada. Esa persona habría mencionado a Sala como parte de alguna "vinculación con las protestas". Los incidentes en Jujuy dejaron como saldo 85 detenciones, con personas posteriormente imputadas en dos causas que corren en paralelo.
El primer episodio se vivió el sábado 17 de junio. Allí la policía detuvo a 25 personas en el piquete que se había establecido en el acceso al pueblo de Purmamarca, en el cruce de las rutas nacionales 9 y 52. El otro hecho de violencia ocurrió en la Legislatura y alrededores, tras lo cual fueron detenidas otras 60 personas. Allí la imputación implica delitos como estrago, y se agrava porque en el edificio funciona un Archivo Histórico.
