ALBERTO NALLAR
El abogado Alberto Nallar recuperó su libertad este viernes tras haber estado detenido desde el 13 de julio. Está imputado por los delitos de "alzamiento público o motín y instigación a cometer delitos, en concurso real", por haberse expresado en contra de la reforma de la Constitución de Jujuy aprobada el pasado 20 de junio y a favor de una intervención federal a la provincia.
Nallar había mantenido reuniones públicas con comunidades originarias y grupos de ciudadanos, en el marco de las protestas contra la reforma, para explicar los fundamentos jurídicos por los cuales la nueva Carta Magna provincial viola la Constitución Nacional.
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El 12 de agosto había vencido la primera prórroga impuesta a la detención de Nallar por el Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, a cargo de Roberto Fernández, quien había determinado que el abogado siguiera privado de su libertad hasta las elecciones PASO celebradas el domingo. El magistrado se tomó cinco días más para dictar el cese de la domiciliaria.
Amnistía Internacional y Andhes presentaron una solicitud ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que ese organismo interviniera en la situación de Nallar.
Desde su prisión domiciliaria, Nallar había asegurado a El Submarino Radio que su imputación tiene el objetivo de «evitar que pueda yo contribuir al esclarecimiento de los derechos de las personas que están protestando en este momento», y en segundo lugar «para disciplinar a mis colegas, para que ninguno repita mi acción ni mucho menos que asuma la defensa activa de los derechos de quienes están siendo apaleados por Morales».
TERCER MALON DE LA PAZ
Mientras integrantes del Tercer Malón de la Paz permanecían en la Plaza Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de comuneros y comuneras se reunió con diputados y diputadas en el Congreso Nacional para reiterar el reclamo de intervención federal a la provincia de Jujuy y la sanción de una ley de propiedad comunitaria de la tierra.
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