OPINIÓN Por Lic. Benito Carlos Aramayo (*)
En la plataforma electoral del partido de Milei, La Libertad Avanza, ya conocida en las elecciones del año 2021, se dice que "La Coparticipación Federal de Impuestos es una anomalía grave de nuestro sistema económico-político que debe ser subsanada para lograr un comportamiento político responsable en todos los niveles de gobierno. Se trata de un sistema en el cual las provincias y municipios tienen la facultad de gastar sin la correspondiente responsabilidad de recaudar por sí mismas" y que "La transferencia incondicionada de fondos de la Coparticipación Federal es una anomalía prácticamente sin antecedentes en países que pretenden ser genuinamente federales".
Alcanzan estas dos citas para conocer la visión de fondo de este personaje respecto a la organización nacional posterior a la pacificación interna, lograda después de la Batalla de Pavón, en 1861, que modelo la hegemonía absoluta de la oligarquía terrateniente con centro en la Provincia de Buenos Aires y el tipo de país dependiente de potencias extranjeras, particularmente Gran Bretaña, que fue imponiendo el poder político de "los galeritas", basado en el fraude y la proscripción de las mayorías nacionales.
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Al mismo tiempo no pierde ocasión en los medios de comunicación para transmitir su anhelo de que volvamos a la "época de oro" que tuvo esa oligarquía y que se ubica entre los años 1880 y 1910. Fueron los años en que los terratenientes creían haber logrado la "piedra filosofal" del progreso indefinido atrayendo inmigrantes europeos y masacrando a la población originaria. La Primera Guerra Mundial y posteriormente la Gran Depresión mundial del año 1929 puso a esa clase en el lugar exacto en el que habían decidido estar y que los imperialismos le habían asignado: el ser absolutamente dependientes de las inversiones de capital extranjero y de los mercados que consumían los productos que provenían del campo, particularmente carne y trigo. Esta es la "anomalía grave" de base en la historia de nuestro país.
Cuando sobrevino la crisis posterior al año 1929 la estructura tributaria nacional, basada en que el gobierno nacional se apropiaba de manera excluyente de las rentas de la aduana y las Provincias sobrevivían cobrando impuestos locales que difícilmente alcanzaban para cubrir los gastos públicos, vino inevitablemente la crisis fiscal nacional y provincial.
La gran diferencia de las crisis del centro y de la periferia "del interior" consistía en que el desarrollo concentrado en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba le permitía tener más espalda para soportar el cimbronazo y no dudó en someter a la Nación a una mayor humillación en relación a los ingleses, para sortear la crisis, como fue la firma del Pacto - Runciman del año 1933. El resto del país languidecía y se afianzaba la deformación estructural, con cierto desarrollo industrial en el centro y muy escaso en el interior.
Fue en este marco que se impuso una Reforma Tributaria en 1935, donde el Poder central avanzó sobre las Provincias despojándolas de atribuciones en el cobro de impuestos y así nació el régimen de la coparticipación federal de impuestos, que desde entonces fue motivo de disputa entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de la debilidad del poder imperialista se logró avanzar en el desarrollo de algunas economías regionales, pero el régimen tributario nacional y la coparticipación federal siguió sin variaciones significativas.
En el año 1988 se sancionó la última Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que de alguna manera trajo algo más de equidad en el reparto de los recursos tributarios nacionales y no estuvo exento de injusticias distributivas en la llamada distribución secundaria, como por ejemplo que a Jujuy le tocara el 2,95 % y a provincias que eran gobernadas por el oficialismo de ese momento le tocara un porcentaje proporcional mayor, como fue el caso del Chaco.
Lo concreto es que hoy, si las Provincias tuvieran que vivir sin los recursos del coparticipación, no están en condiciones de afrontar el gasto en salud, educación, seguridad y menos en la obra pública necesaria.
Milei propone "que vivan de sus propios recursos" y que del gasto en salud y educación se volvería a hacer cargo la Nación.
El gran tema es el tamaño de las economías, el desarrollo industrial comparado y la cantidad de tierras disponibles, en lo cual la estructura es abismalmente diferente, producto del tipo de país que modelo la oligarquía y que sigue funcionando como un embudo, tanto en industrias radicadas, establecimientos agropecuarios, transporte y puertos.
Para dar una idea cabal de lo que significa hoy la coparticipación federal para Jujuy tomamos los datos oficiales del último año de 2022, donde la recaudación tributaria de impuestos nacionales que pasan por la Administración Federal de Impuestos (AFIP) de Jujuy ascendió a $ 25.864 millones, en tanto que lo percibido de coparticipación federal llegó a $ 174.891, es decir solo hubiésemos logrado contar con el 14,8 % de recursos provenientes de impuestos nacionales para hacer frente al gasto del Estado provincial. Lo recaudado de impuestos provinciales solo representan entre el 12 y el 15 % del total de ingresos corrientes.
En conclusión, la propuesta de Milei lleva inevitablemente al agravamiento de los problemas estructurales de la economía argentina, es absolutamente injusta y antinacional y llevaría al agravamiento de la desigualdad regional, a un mayor empobrecimiento de los pueblos "del interior", que al parecer el personaje GD (Gritón y Despeinado, como lo llama Mempo Gardinelli) conoce muy poco, que fueron y son forjadores de la nacionalidad argentina.
(*) Economista Profesor Emérito UNJu