ULTIMO MOMENTO:
ENFOQUE Por Gustavo Lores (*)
El pasado 11 de octubre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), publicó el documento titulado "El derecho a la educación universitaria está en riesgo", disponible en https://www.cin.edu.ar/el-derecho-a-la-educacion-universitaria-esta-en-riesgo/
Advierten a la sociedad: "El derecho a la educación superior está en riesgo si se socavan valores constitutivos del sistema universitario público argentino. Manifestamos preocupación por recurrentes expresiones que intentan deslegitimar el rol estratégico que cumplen las universidades públicas para el desarrollo nacional y señalamos con firmeza que cualquier estrategia de privatización de la educación superior constituiría un grave retroceso para el país en su conjunto."
También te puede interesar:
Dos aspectos del breve comunicado son interesantes de analizar: a) el intento de convencer de que "no se trata de una defensa corporativa ni conformista" y b) la omisión de mencionar explícitamente que frente electoral propone en su plataforma privatizar la educación superior.
Como definió reciente y públicamente el Contador Alberto Barbieri, Rector de la Universidad de Buenos Aires entre 2014 y 2022: "para evaluar si una gestión es eficiente basta mirar si se cumplen los objetivos; como esto no sucede en educación, el sistema es ineficiente. "El objetivo central -Ley 27.204- de la Universidad Pública es:"garantizar la igualdad de oportunidades en la permanencia y el egreso" de sus estudiantes. La Síntesis de Estadísticas Universitarias 2020-2021 muestra que se reciben menos de 17 estudiantes por cada 100 ingresantes y que sólo 2 de ellos lo hacen dentro del tiempo que establece el plan de estudio, con el agravante de que estos indicadores se desploman continuamente desde 2013.
El Anuario de Estadísticas Universitarias 2019 da cuenta de que 36 de cada 100 estudiantes matriculados no aprueba ninguna materia por año y 15 sólo una. El Sistema Universitario de Gestión Estatal garantiza la calidad de los aprendizajes de los pocos estudiantes que se reciben a través de un exigente conjunto de prácticas y evaluaciones que deben superar para acceder a un Título que no es accesible para las mayorías. Presenta fallas estructurales del mismo nivel de gravedad que en la época previa a la Reforma Universitaria.
A fines del siglo XIX la "aristocracia doctoral" se constituía en la élite dirigente que concentraba simultáneamente los cargos políticos, del Estado, de la Justicia y de la Universidad. La clase media emergente comenzó a presionar para lograr el acceso a la formación superior y se inició la corriente reformista. En el "Manifiesto liminar" (base de la reforma universitaria argentina) proclamado el 21 de junio de 1918, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba expresó "La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. No puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa." Las principales propuestas fueron: a) participación estudiantil en el gobierno universitario; b) participación de graduados en el gobierno universitario; c) periodicidad de la cátedra con designación de los docentes por concurso; d) publicidad de los actos universitarios; e) extensión universitaria y creación de universidades populares y f) ayuda social a los estudiantes.
Si bien el Poder Ejecutivo de la época y las autoridades de las cinco universidades existentes consideraron el reclamo, la ejecución de las demandas reformistas se vio interrumpida sucesivamente por seis dictaduras que gobernaron durante 27 años durante el siglo pasado. La fugacidad e intermitencia de los períodos constitucionales hasta 1983 impidieron evaluar los resultados de la universidad "de la reforma". Desde el 10 de diciembre de ese año los principios de la Reforma Universitaria de 1918, a los que se sumaron la prohibición de arancelamientos y el ingreso irrestricto, quedaron consagrados en el imaginario colectivo y en las Leyes como patrimonio común de la política cultural del país.
En nombre de estos valores nace a partir de 1983 la nueva elite dirigencial que conduce actualmente las 72 Universidades Nacionales y Provinciales de Gestión Estatal, concentrando el poder al margen de la comunidad universitaria y de la sociedad que las financia. En términos generales -afortunadamente quedan excepciones dentro del sistema universitario- el señorío lo ejercen dirigentes de los partidos políticos, funcionarios del Estado, legisladores y operadores universitarios a través de los consejeros docentes, estudiantiles, graduados y no docentes que cumplen órdenes superiores para construir mayorías incondicionales en los órganos de cogobierno universitario. La representación por claustros y la participación estudiantil, base de los reclamos de 1918, está desvirtuada en gran parte de las Universidades de Gestión Estatal.
Al más alto nivel institucional, a contramano de la autonomía universitaria, se observan acuerdos partidarios para elegir anualmente al Presidente del CIN desde su creación en 1985, esto es, alternadamente un Rector perteneciente a la Unión Cívica Radical y el siguiente al Peronismo. La trascendencia de esta negociación reside en que los planes estratégicos del sistema universitario, la cantidad y destino de los fondos públicos que se le otorgan, la designación del secretario de Políticas Universitarias, la duración y la pertinencia de los planes de estudio están sometidos formal o informalmente a la intervención de las autoridades del CIN, que son funcionales a las decisiones de dos partidos políticos y no a los intereses de la ciudadanía.
Ante el agónico pedido de auxilio de los Rectores, que expresa "instamos a nuestras comunidades y a la sociedad toda a defender la continuidad del sistema universitario público" cabe la pregunta: ¿por qué razón la comunidad académica y el conjunto de la sociedad debería acompañarlos?; ¿porqué se debería continuar sosteniendo con las finanzas públicas en quiebra un sistema educativo universitario que expulsa al 83% de sus estudiantes?.
El CIN tiene la palabra, a menos que el electorado se la quite con un resultado irreversible el 22 de octubre.
La mayor probabilidad es que a partir del próximo domingo queden en carrera presidencial dos espacios que confrontan en el modelo de financiamiento del sistema educativo. De ser así, los Rectores que integran el CIN tendrán una última oportunidad hasta el 19 de noviembre para darle la espalda a sus acuerdos electorales y a las alianzas del gobierno universitario con factores de poder externos, mirar de frente a sus estudiantes, docentes y a la sociedad toda para comunicar en cuatro semanas un diagnóstico creíble del funcionamiento actual de la Universidad Pública, un plan de saneamiento institucional para recuperar los valores de la autonomía universitaria, un programa para garantizar el acceso a la permanencia y la graduación de los estudiantes en las respectivas carreras, una descripción detallada del conjunto de objetivos a cumplir medidos por indicadores que se comprometen a monitorear y difundir anualmente y, en especial, cómo van a definirse los mecanismos de transparencia del uso de la enorme cantidad de fondos públicos que administran.Si no la aprovechan adecuadamente, la consigna "que se vayan todos" no concretada en 2003, podría hacerse realidaddesde el 10 de diciembre de 2023 en el ámbito universitario de gestión estatal.
(*) Ex Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy
