La Justicia Federal investiga la incompatibilidad
El fiscal Guillermo Marijuan ha acusado a más de 8.535 empleados públicos de diez provincias argentinas de participar en presuntas maniobras ilícitas que podrían constituir el delito de defraudación contra la Administración Pública.
Las provincias bajo investigación incluyen Tucumán, La Rioja, Jujuy, Corrientes, Salta, Río Negro, Córdoba, Formosa, Santa Cruz, y la provincia de Buenos Aires. En esta última, ministerios como Seguridad, Cultura y Educación, y Jefatura de Gabinete han identificado a más de 2.200 personas que, al mismo tiempo, reciben el beneficio del programa Potenciar Trabajo y son empleados públicos.
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La investigación revela que estas presuntas maniobras generaron un error en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, resultando en un desembolso indebido de fondos públicos que asciende a aproximadamente $50.800.000 mensuales, equivalente a $609.600.000 anuales.
En relación con Jujuy, Marijuan ha remitido su investigación preliminar a fiscales federales de la provincia y ha solicitado la "suspensión y/o baja de planes sociales" en el marco de la investigación preliminar denominada "Caso Coirón Nro. 234746/2023".
Cabe destacar que el programa Potenciar Trabajo, creado en 2020, tiene como objetivo la inclusión social de personas en situación de alta vulnerabilidad. La investigación destaca posibles irregularidades específicas en Jujuy, centradas en empleados estatales que reciben el beneficio, incumpliendo las normativas establecidas por el programa.
Conviene citar que si bien había unidad de gestión del gobierno provincial, también los planes estaban en manejo de dirigentes que respondían a referentes provinciales del kirchnerismo e incluso fueron candidatos a cargos electivos. Así la Delegación Jujuy formaron vínculos con organizaciones sociales afines con la Tupac Amaru y al Frente de Izquierda. Ya en su oportunidad, el exgobernador Gerardo Morales denunciaba que la dirigente Milagro Sala, manejaba 70 mil planes para su organización, bajo la anuencia del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.
Hasta la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el mayor programa del ex Ministerio de Desarrollo Social era administrado por el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico, desde la secretaría de Economía Social. Y los ministros que estuvieron a cargo de la poderosa cartera fueron Daniel Arroyo, Juan "Juanchi" Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz.
Mariela Segovia, exdelegada de Desarrollo Social, recordaba apenas Marijuan denunciaba y pedía bajas de planes por irregularidades, decía "hay bajas en Jujuy pero no todas responden a las mismas razones: hay más de 15.000 planes sociales que se dieron de baja durante este proceso. En algunos la baja corresponde y en otros no. A quienes no les corresponde no aparecen disponibles para consulta pero hay otros que sí, y con ellos trabajamos".
"Las bajas se dieron por distintas razones; a algunos tal vez se les computó un trabajo en blanco por obra social y cambios de unidad de gestión". "Todos los meses tenemos nuevos beneficiarios de Tarjeta Alimentar, Potenciar Trabajo, Asignación Universal por Hijo y también bajas porque se cumple la edad y salen del programa nacional. $150.000.000 es la transferencia directa al bolsillo del jujeño, no hay tercerización", argumentaba.