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RENE VICENTE CASAS
Para el abogado constitucionalista Vicente René Casas, el proyecto de «ley ómnibus» elaborado por el presidente Javier Milei presenta varios puntos «preocupantes», dijo que en particular «hay un ataque directo al derecho de propiedad» en los temas referidos a las jubilaciones.
Tras aclarar que solo tuvo oportunidad de leer con detenimiento algunos aspectos del proyecto, Casas mencionó en particular uno de los puntos «preocupantes», que es el referido a los fondos de la Anses.
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Para explicarse, dio un ejemplo: «Supongamos que el Estado contrata la construcción de un puente y en el pliego de condiciones dice que van a ser dos carriles vehiculares de cada mano. Y a la mitad de la obra el estado llama a la empresa constructora y le dice que cambie, que haga tres carriles por mano. Puede hacerlo, pero el Estado tiene que pagárselo, porque si no, se estaría enriqueciendo indebidamente».
Del mismo modo, continuó, los jubilados tienen «un derecho de propiedad sobre sus haberes». El excamarista federal recordó que el presidente Milei dijo en campaña que los derechos adquiridos no se tocan. Por lo tanto, a su entender, el proyecto del Ejecutivo avanza sobre esos derechos porque «los fondos de la Anses no son de la Anses ni de los jubilados, sino que pasan al Estado».
«Es decir, se apropia. Hace una expropiación directamente lisa y llana», agregó. Por otro lado, Casas repasó lo ocurrido en 2008 cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner eliminó el sistema de jubilación privada.
En ese momento, recordó el abogado, «el Estado se apropió de los títulos, de todas las acciones que tenía, que eran las inversiones que hacían l as AFJP con el dinero de los jubilados, y eso ha ido a parar al fondo de sustentabilidad, que está vigente».
«En este proyecto del presidente Milei, eso también se lo quita. Y me parece que no es lo que decía en la campaña electoral, que se respetaba el derecho de propiedad», concluyó. Las formas de contratación es otro de los aspectos del proyecto de ley que llamó la atención de Casas: «Me preocupa mucho que dice que se puede contratar todo lo que puede ser susceptible de contratar. Hay que tener cuidado con esto, porque se puede interpretar que cosas que hoy no están en el comercio, puedan ser comercializables».
«Yo no quiero pensar más allá, como por ejemplo lo referido a los órganos. Más bien me parece lógico dejarlo como estaba», agregó.
-¿Qué relación encuentra entre este proyecto de ley y el DNU?
-Son dos cosas distintas. El DNU es un decreto que declara la emergencia administrativa, financiera, previsional y otros rubros de la actividad del Estado con respecto a su relación con la sociedad. Eso tiene un error, una falencia, porque debería decir por cuánto tiempo se declara la emergencia.
-Dijeron que era hasta el 31 de diciembre de 2025.
-Claro, pero ¿cómo va a ser la transformación en esos dos años para que desaparezca la emergencia? Dice «declárase la emergencia». Bueno, declaréla por un año, y si al cabo de un año no ha logrado hacer las reformas que mejoran la vida de la sociedad, hágalo por otro año. Pero así se está comiendo medio mandato de presidente de la nación para hacer lo que quiera.
-En realidad, dijo que era hasta el 31 de diciembre de 2025 y prorrogable dos años más. Es decir, todo su mandato.
-Claro. O sea que con esto tendría facultades extraordinarias para hacer lo que quiera durante toda la presidencia de la nación. El presidente Milei está haciendo un dogma de lo que él llama un plan económico. Y cuando los planes económicos o políticos se convierten en dogmas, no funcionan. Entonces yo creo que tendría que ser más realista.
