ULTIMO MOMENTO:
Buenos Aires - El Gobierno avanza con la idea de quitarles poder a las organizaciones sociales y disolverá más de 300 unidades de gestión que funcionaban como intermediarios del ya extinto plan Potenciar Trabajo. Las unidades de gestión estaban a cargo de los movimientos sociales y de las organizaciones piqueteras, y su función era controlar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplieran con el trabajo requerido para poder cobrar el plan social.
Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, denuncian que la gestión no solo fue ineficaz, sino que le costó al estado nacional alrededor de US$34 millones solo durante el 2023 ya que recibían financiamiento para realizar cursos o actividades comunitarias que la Casa Rosada entienden no tuvieron el resultado esperado.
También te puede interesar:
El principal motivo por el que el Gobierno señala que la intervención de las unidades de gestión no mantuvieron una gestión exitosa tiene que ver con la estabilidad en el número de beneficiarios. Es por eso que para esta nueva etapa ya no tendrán la capacidad de certificar que los beneficiarios de los nuevos programas realicen la contraprestación. Será un vínculo directo entre el Estado y los beneficiarios a través de la aplicación Mi Argentina o Mi Anses.
En esta línea también informó que cerrará 59 Centros de Referencia (CDR) que "funcionan como cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado" y destacó que con la medida se ahorrará 5.000 millones de pesos anuales.
"Se despedirá a más de 600 empleados públicos que cobraban un total de 4 mil millones de pesos por año. El cierre de los 59 locales implica un ahorro en el gasto de 88 millones de pesos anuales en alquiler. Se darán de baja 50 autos eliminando así un gasto de más de 20 millones de pesos por año. También se darán de baja 42 celulares", detalló la cartera en un comunicado.
