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ENFOQUE Por Gustavo Lores (*)
El objetivo buscado por las pruebas Aprender es producir evidencia de carácter diagnóstico para el análisis, la reflexión y la toma de decisiones orientadas a garantizar el derecho a la educación en todos los rincones de nuestro país.
Dada la evidencia internacional sobre la mejora de los resultados de aprendizaje vinculados con la entrega a cada Escuela de los reportes sobre las pruebas estandarizadas, la organización "Argentinos por la Educación" elaboró recientemente el informe "Uso de pruebas estandarizadas para la mejora continua" -disponible en https://argentinosporlaeducacion.org- que propone analizar los efectos de la entrega y del uso de reportes de las pruebas Aprender en las distintas provincias argentinas.
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En general, la devolución y discusión de resultados de las pruebas estandarizadas en las escuelas a través de conclusiones detalladas sobre el rendimiento de los estudiantes han demostrado ser efectivos para mejorar significativamente los resultados en áreas clave como matemáticas y lengua o reducir la repitencia escolar. Es potencialmente una política educativa efectiva dado su bajo costo y los resultados obtenibles, según la recomendación de expertos en la revisión de la evidencia del tema.
A nivel nacional, el 63,8% de los directores de escuela declaran haber accedido al Reporte Aprender 2019; un 48,9% lo hizo de forma virtual mientras que un 14,9% en formato impreso. El 21,6% de los directores de escuela dice que no accedió a los reportes y un 14,6% que no intentó acceder.
Los directores de las escuelas en Córdoba (90%) y Entre Ríos (85%) dan cuenta del alto nivel de acceso a la información. En contraposición, Neuquén (33%) y Santa Cruz (38%) son las provincias en las que la enorme mayoría de las escuelas no tuvo esta oportunidad.
La creciente disponibilidad de datos que surgen de pruebas estandarizadas de aprendizaje en países en desarrollo podría abrir la puerta a una amplia gama de intervenciones políticas para mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes y medir su progreso. Incluso, bajo ciertas condiciones, el solo conocimiento de la información en manos de las personas adecuadas puede llevar a una mejora en los resultados de aprendizaje. Por ejemplo, cuando los resultados de las pruebas se hacen públicos, pueden eliminar percepciones heterogéneas entre los agentes en el sistema (autoridades, directores escolares, profesores, padres y estudiantes) respecto a la calidad educativa. La información, además, puede afectar positivamente los procesos y resultados escolares porque promueve el diálogo y la consulta entre todos los actores.
A su vez, las pruebas estandarizadas proporcionan a los maestros y administradores escolares datos detallados sobre el rendimiento de los estudiantes como una herramienta de diagnóstico para entender las áreas de debilidad de los estudiantes y para enfocar mejor sus esfuerzos de enseñanza.
La disponibilidad de información sobre los puntajes de las pruebas puede desencadenar acciones para mejorar los resultados. Esto puede ocurrir a través de acciones específicas como el desarrollo de planes de mejora específicos para cada escuela.
Si estos diagnósticos detallados y planes de mejora escolar son seguidos por acciones para abordar los problemas identificados, entonces el resultado final puede ser un sistema que brinde una mayor calidad educativa. Los canales planteados para la posible efectividad de las pruebas estandarizadas incluyen los beneficios del uso de la información para mejorar la práctica docente, aumento en la motivación intrínseca del maestro al centrar la atención en los niveles de aprendizaje de los estudiantes y mejora de su capacidad para establecer y trabajar hacia objetivos.
La realidad muestra, a través de la prueba Aprender 2022 en Argentina, que el porcentaje de directores de escuelas secundarias que participaron en espacios de trabajo para debatir el reporte Aprender 2019 con funcionarios y equipos provinciales con el objetivo de la mejora continua fue de menos del 40%.
Nuevamente se refleja la asimetría del sistema educativo argentino. En un extremo, Catamarca muestra un compromiso del 71,5% en esta actividad mientras que en Río Negro la participación fue del 9,1%. El promedio nacional alcanzó el 39,1%.
Estas alarmantes asimetrías se generaron a partir de que el Estado Nacional dispuso su descentralización y las provincias asumieron su financiamiento. A partir de ese momento el gasto incluido en el presupuesto nacional se limitó a una proporción minoritaria del total de los recursos invertidos en el sector.
La Ley 24049 de transferencia de las Escuelas de Gestión Estatal a las provincias, sancionada el 6 de diciembre de 1991, facultó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a las provincias y a la actual ciudad autónoma de Buenos Aires los "servicios" educativos administrados hasta esa fecha en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica.
El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), aprobado por la Ley 25.053 del 10 de diciembre de 1998, fue un componente de la remuneración de maestros y profesores aportado por el Estado Nacional a las provincias que surgió con el fin de disminuir las consecuencias desfavorables de la descentralización educativa. Buscó compensar parcialmente las asimetrías salariales en las distintas jurisdicciones. Recientemente el Gobierno Nacional decidió no transferir más esas partidas a las provincias desde enero de 2024.
Esta política de disolución del Estado Nacional, que se repite cíclicamente en Argentina y es apoyada por la mayoría de los Gobernadores y Legisladores Nacionales que representan a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es inocua.Tampoco surge mágicamente. Los electores en 2023, así como en 1989 y 2015 optaron mayoritariamente por un modelo de gobierno que se desentiende de las responsabilidades básicas que el Estado debe atender con los recursos que surgen de la recaudación impositiva. El conjunto de la sociedad -incluidos los docentes que también votan- no deberían esperar que el Gobierno Nacional intervenga para mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños ni de los jóvenes, porque no fue elegido para ese fin. Tampoco, en general, que lo hagan los Gobiernos Provinciales, que parecen más preocupados en mantener sus burocracias militantes que en defender los intereses de las respectivas sociedades en su conjunto.
Del informe de "Argentinos por la Educación" se desprenden recomendaciones para tener en cuenta: a) hacer devolución hacia los docentes de los resultados obtenidos por los estudiantes merece la pena ser explorado con el fin de estudiar sus efectos; b) realizar reportes con devoluciones a las escuelas utilizando las distintas pruebas realizadas por cada una de las provincias. Sin embargo, no se ha investigado aún en qué medida la información de los resultados de las pruebas llega a los docentes y éstos los elaboran, pero resulta evidente que, si la mayoría de los directores de escuela no acceden ni interactúan en los espacios habilitados al efecto, los maestros y profesores no participan en absoluto de esa información. Es decir, los resultados de las Pruebas Aprender, del que se hacen eco los políticos, los sindicalistas, los empresarios, las universidades y los medios de comunicación durante dos o tres días cada dos o tres años, pasan a formar parte del decorado que pretende disimular la precariedad con la que se aprende en la Escuela argentina.
(*) Ex Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy
