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ENFOQUE Por Sergio Aramayo (*)
El Estado, en una de sus concepciones teóricas, es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Se define por cuatro características: una población estable y permanente, un territorio delimitado y un Gobierno soberano que actúe sobre su territorio y población con independencia y poseyendo el monopolio de la violencia.
En ese sentido, el concepto de Estado refiere a la organización política de una población dentro de un determinado territorio, mientras que el de Nación comprende a un conjunto de personas que comparten una historia común, lenguaje y rasgos culturales e históricos.
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Otra concepción del Estado, plantea que este es un producto de la sociedad en un estadio determinado de su desarrollo. En el Estado capitalista, propio de su modo de producción, jamás podrá ser independiente de la clase social que controla y domina los medios de producción. Sea cual fuera la forma que toma el Estado y sus distintas concepciones, todos los países donde se impuso el modo de producción capitalista sobre la base de principios liberales, estos estructuraron su funcionamiento a través de un sistema que permitió que la organización estatal brinde las funciones que les son necesarias para la vida de los ciudadanos.
VISIÓN ANARCO CAPITALISTA
El presidente Javier Milei ha hecho pública su visión de que no cree en el Estado y en su rol. Su doctrina, que tiene muy poco de liberal y mucho de rara avis anarco-capitalista en avance en varias partes del mundo, sosteniendo a ultranza, bajo una ideología mística, que el sistema debe funcionar bajo las leyes de la oferta y la demanda en el mercado.
En nuestro País, en la Constitución Nacional se establecen los derechos y garantías de los ciudadanos argentinos. Entre muchos el derecho a la Educación y la Salud, de acceso a una vivienda digna y a un medio ambiente sano los que están entre los fundamentales, derechos conocidos como de tercera generación. La Educación, la Salud, el Derecho a un Ambiente Sano no son mercancías que puedan estar sometidas a leyes de oferta y demanda.
En este marco conceptual, la Obra Pública ha sido desde siempre la herramienta fundamental que han usado todos los gobiernos para garantizar la creación de infraestructura que permite brindar y garantizar los servicios del Estado.
Al momento de escribir esta nota los ciudadanos argentinos asistimos azorados a las consecuencias que produce entre otras, la decisión política del jefe del Estado Nacional de paralizar la Obra Pública, sostenida en el concepto o la idea que es un mecanismo de estafa, y un "nido de corrupción".
Según la Cámara Argentina de la Construcción se encuentran paralizadas 2000 obras y la UOCRA denuncia 150 mil despidos directos; en nuestra provincia 8000, a abril del 2024. En este sentido lamentablemente hay una parte de esta decisión que se sostiene en hechos reales de corrupción y malversación de recursos.
LA OPINIÓN DEL COLEGIO EN EL AÑO 2002
Tenemos que decir que el Colegio de ingenieros de Jujuy, en 2002 advertía sobre lo que estaba ocurriendo alrededor del manejo de estos fondos, particularmente en nuestra provincia. Indicando que era "necesario volver al sistema de Licitación Pública y terminando con todo tipo de instrumentos jurídicos que en su mal uso lo único que hicieron fue encarecer las obras y malgastar el recurso disponible". Con el transcurrir de los años, lejos de corregirse lo señalado, la Legislatura en el año 2021, aprobó la Ley N° 6238 " Plan Maestro Plurianual de Desarrollo 2021-2023", con la cual, sobre un importante y ambicioso plan de obras de infraestructuras, que tenía financiamiento provincial, se dejó de lado la ley de Obras Publicas y el sistema de Licitación Publica, creándose un procedimiento de Concurso de Precios, para la ejecución de las obras previstas en el Plan (Art.3). A esto se sumó la descentralización de las obras, las cuales pasaron a ser Concursadas por los distintos Ministerios, incurriendo muchos de ellos en faltas graves a las leyes existentes, en particular a la documentación necesaria para este tipo de obras públicas.
EL ESTADO: UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Ahora, dicho esto, vemos que la decisión del Gobierno de Milei, está basada en un pensamiento profundo del anarco-liberalismo a ultranza que predica. En su descalificación del Estado, sostiene que es una organización criminal que vive de los impuestos. En esto se basa para sostener que la infraestructura pública para escuelas, hospitales, carreteras, generación eléctrica, comunicaciones, etc., debe ser apalancada por el sector financiero, particularmente los bancos y ejecutada por el sector privado. Este sistema, desarrollado a principios de la década de los años 70 del siglo pasado en Inglaterra, implica en líneas generales "la prestación de manera directa de un servicio al sector público por parte de una empresa privada, mediante un contrato que incluye el diseño, la construcción y luego la operación y el mantenimiento de una infraestructura".
Milei, sostiene para la obra publica el modelo a la chilena, ocultando que en ese país, según el propio Ministerio de Obras Publicas, el estado invierte alrededor del 4,1% del PBI, unos U$S 2.000 millones, para el sistema de licitación pública y luego mediante un sistema de concesión el mismo estado entrega al sector privado la responsabilidad de poder generar una inversión, entendiendo que es el propio estado quien fija las prioridades. A cambio de las obras, el privado recibe el derecho de poder explotar la inversión mediante un sistema público -privado. Este sistema conocido como de las PPP (participación pública privada) ya fracasó en la Argentina en la época del gobierno de Macri, donde solo se ejecutó el 2% de lo planificado mediante este mecanismo.
Son muchos los ejemplos y el historial en nuestro país que demuestran que la garantía de acceso a una vivienda digna para millones de ciudadanos que no tienen otra forma de acceso, solo la puede garantizar el Estado.
EL ROL DEL FONAVI
Con solo nombrar el Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI.) veremos que fue la solución que utilizó el Estado desde el año 1972, para resolver el problema habitacional de las familias con recursos económicos insuficientes. El FO.NA.VI. fue creado como un fondo específico, y paulatinamente se transformó en un recurso de carácter federal, de carácter social y solidario, movilizador de la actividad económica y distribuidor de la riqueza.
Otro ejemplo fue que, en el año 2003, el gobierno de turno le dio un nuevo impulso a la política de viviendas llevando el presupuesto del Plan Federal de Viviendas en el 2010 a 6.990 millones. Los planes de vivienda que comenzaron en 2003 se fueron articulando de acuerdo a las prioridades y al aumento del presupuesto que derivó del incremento de la recaudación impositiva.
Comenzó con el Programa Federal de Solidaridad Habitacional: en una primera etapa construyó 20.000 viviendas en el NEA-NOA y en una segunda etapa edificó viviendas para atender demandas específicas: rurales, para comunidades aborígenes, para atender catástrofes naturales y otras. Luego, el Programa Federal de Emergencia Habitacional, que construyó viviendas a través de cooperativas de trabajo, tendiendo al doble objetivo de mejorar el hábitat social de barrios humildes y crear trabajo, ya que el 50 por ciento de los miembros de la cooperativa eran beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar. Más tarde vinieron el Programa Federal de Construcción de Viviendas, de 120.000 unidades, el Programa Federal de Mejoras de Viviendas Mejor Vivir, con 140.000 mejoramientos y por último el Programa Plurianual de Construcción de Viviendas: 300.000 unidades por etapas.
De esta manera, una vez más quedo demostrado que el camino de producción de viviendas e infraestructura es dentro de las necesidades sociales la que pone en juego la mayor demanda de capital y es a la vez la que mayor desarrollo económico y social produce, dinamizando el empleo, las pequeñas y medianas empresas y la producción de la industria nacional.
ERRORES Y MALA PRAXIS
Los errores y las malas praxis que se produjeron en el último periodo llevan a que esta situación, sea aprovechada por la concepción anarco-capitalista de la economía, poniendo en duda todo lo realizado hasta aquí por el Estado, principalmente en la producción de viviendas sociales, refirmando así concepciones e instrumentos que en definitiva solo buscan la manera de apropiarse de la demanda que existe en el déficit habitacional, que todavía existe en el País. Hoy se insiste en volver a ese camino. Corregir, mejorar y controlar es una cosa, abandonar la función social del Estado es otra.
Pero si además el camino que se propone es el de implantar el libre mercado, en un País que ya reconoce que la mitad de su población está bajo la línea de pobreza solo pre anuncia mayores padecimientos y carencias para grandes sectores sociales que dicho sea de paso hoy todavía padecen las consecuencias del periodo menemista similar a este, que enajeno los bienes públicos (privatizo) y llevo a nuestro País a una situación de mayor atraso, pérdida de soberanía y dependencia.
(*) Presidente del Colegio de Ingenieros
