ULTIMO MOMENTO:
CON UN PROYECTO EN EL CONGRESO NACIONAL
El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes), acompañado de sus pares Juan Carlos Polini, Martín Tetaz y Pedro Galimberti, presentó un proyecto de ley para penalizar los bloqueos sindicales a comercios e industrias y proteger la propiedad privada.
La iniciativa establece prisión de 3 años y 6 meses a 5 años cuando se "turbare la posesión o tenencia de un inmueble con o sin violencia y/o amenazas", en las siguientes circunstancias: "Cuando se entorpezca el normal funcionamiento del establecimiento comercial, industrial o de servicios; cuando con o sin violencia se impida el acceso al establecimiento; cuando el bloque se funde en un reclamo personal, laboral y/o sindical y se hiciere un ejercicio abusivo del derecho a reclamar".
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"Cuando el bloqueo en el establecimiento de que se trate sea por reclamos gremiales e impidan el normal funcionamiento de un establecimiento comercial y/o industrial, la pena será de reclusión o prisión de cuatro a seis años para quienes la hayan convocado como también para aquellos que hubieran participado en la ejecución", agrega. Además, plantea que "en ningún caso el bloqueo de un establecimiento comercial y/o industrial será interpretado como el legítimo ejercicio de un derecho, ni en cumplimiento de un deber".
Dicha penalización estaba contemplada dentro del proyecto de Ley Bases, pero en medio de las negociaciones entre el Gobierno y la CGT decidieron retirarlo del dictamen final que fue aprobado en Diputados el martes pasado.
En la sesión de la Cámara baja el bloque de LLA rechazó las propuestas de modificaciones presentadas por la bancada de la UCR, a través del titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz, quien pidió incorporar en el proyecto la penalización de los bloqueos sindicales y la eliminación de la obligatoriedad de los aportes solidarios a los sindicatos. "Ningún derecho es absoluto, por tanto, no pueden vulnerarse otros derechos de igual jerarquía", remarcó Aguirre, quien también enfatizó que el bloqueo de un establecimiento comercial por motivos gremiales no será interpretado como el legítimo ejercicio de un derecho, sino como una acción punible.
