A un año de la violencia y el intento de golpe institucional en la provincia

Y LOS MENTORES IDEOLÓGICOS SIGUEN IMPUNES

Mañana se cumple un año de la sanción de la Reforma Constitucional de Jujuy por parte de la Convención Constituyente, y sigue aún fresco en el recuerdo de los jujeños la barbarie desatada por sectores ligados al kirchnerismo y a la izquierda en la Legislatura y en otros sectores de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en un intento de desestabilización institucional. Hubo detenciones y posteriores liberaciones, pero los promotores ideológicos aún siguen sueltos y justificando la violencia como método democrático.

En aquel entonces, los "pacíficos" manifestantes como no aceptaron el texto aprobado por amplia mayoría de los convencionales (electos democráticamente en las elecciones de mayo de 2023), sumieron a la provincia en el caos motivando la reacción de las fuerzas de seguridad para evitar el ataque físico a los convencionales y la intención de quemar el edificio en una espiral conflictiva que se extendió hacia la zona de la Vieja Terminal de Ómnibus.

Así como ocurrió hace pocos días en el Congreso Nacional con la Ley Bases, los mismos sectores ideológicos que en Jujuy quisieron boicotear la Reforma Constitucional, se movilizaron contra el proyecto del gobierno libertario y con la misma metodología de violencia, pretendiendo asaltar el Senado con apoyo de legisladores nacionales de Unión por la Patria. Obviamente fueron reprimidos por las fuerzas policiales y federales.

En ambos casos, hubo detenidos, y como suele ocurrir, las dirigencias de esos sectores políticos piden la liberación de los "inocentes" militantes, pese a que las cámaras de seguridad o imágenes de los canales televisivos muestran el grado de agresividad con el que actuaron. En Jujuy fue igual, hasta un pseudo docente de izquierda denunció detención ilegal cuando los registros fílmicos lo escracharon encabezando el enfrentamiento con la policía.

El gobierno de Gerardo Morales denunció a estos violentos y al día de hoy, no se sabe mucho del proceso judicial, pese a que se aportaron pruebas como audios de whatsapp, donde quedaba claro el pago de dinero para que vayan a la movilización y que un "diputado nacional" de Buenos Aires iba a traerlo. Es decir pruebas que delataron que organizaciones ligadas al kirchnerismo como la Tupac Amaru o al Frente de Izquierda, estaban detrás de la protesta.

Después el conflicto se trasladó al interior con los cortes de ruta. Más de un mes con los bloqueos, que costó la vida inclusive a una turista, y las pérdidas económicas para el turismo de Quebrada y Puna. Se intentó desbloquear el primer día y hubo serios incidentes. El gobierno nacional de Alberto Fernández, en lugar de despejar las rutas, consintió los cortes,

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