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ENFOQUE Por Gustavo Lores (*)
El pasado 28 de mayo de 2024 en el ámbito del Consejo Federal de Educación se firmó el "Compromiso Federal por la Alfabetización". Su objetivo es revertir las marcadas deficiencias que presenta sistema de educación pública -tanto el de gestión estatal como privada- en los niveles obligatorios, que impactan directamente en la formación de los estudiantes. Los indicadores más significativos que fundamentan la necesidad de tomar decisiones políticas son: a) el 68,1 % de los alumnos de sexto grado no alcanza el nivel mínimo de competencias que se considera aceptable en esa etapa de la escolaridad y b) el 55 % de los estudiantes secundarios de 15 años se ubican por debajo del nivel mínimo de desempeño esperado establecido para el trayecto correspondiente.
Esta declaración de interés de las provincias fue formalizada por el Decreto Presidencial Nº 579/2024, del pasado 4 de julio. Señala "Que se requieren estrategias de recuperación y aceleración del aprendizaje en forma urgente, involucrando a todos los actores sociales en la agenda de la alfabetización como eje central del cambio educativo. Es necesario poner a la alfabetización en el centro de la política educativa, con un abordaje federal, progresivo, integral e intercultural."
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El Artículo 1 del Decreto dispone: "Créase el Programa Plan Nacional de Alfabetización en el ámbito de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, con el objeto de lograr que los estudiantes de la República Argentina puedan leer, comprender y producir textos en forma acorde a su nivel educativo." En la norma, los Artículos 3º y 4º, respectivamente, establecen los ejes del Programa y las actividades genéricas que se llevarán a cabo. En ningún caso se detallan planes de acción concretos, plazos ni responsabilidades. Ni en el texto del Decreto ni en el Documento base del Consejo Federal de Educación se arriesga la definición de indicadores precisos de seguimiento y, menos aún, objetivos concretos a cumplir.
Por otra parte, la norma reduce el concepto de Alfabetización a "leer, comprender y producir textos" y omite considerar el sentido amplio que la Alfabetización adquiere en la actualidad. Los niños no solo deben desarrollar habilidades relacionadas con la lectura y la escritura, sino también otras como por ejemplo pensamiento lógico, capacidad de abstracción, identificación de patrones, simplificación, generalización, categorización y resolución de problemas apoyándose en las herramientas de la Matemática y las Ciencias.
En definitiva, el presente Plan Nacional de Alfabetización, tal como se expone, se asemeja a otros intentos gubernamentales para consensuar una política de Estado en materia educativa que fracasaron en los últimos 40 años.
Como caso, el "Congreso Pedagógico Nacional (CPN)"convocado en 1984 por el Presidente Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, que tuvo por objetivo generar un debate amplio sobre el sistema educativo argentino. Luego de unos años de actividades, las conclusiones se diluyeron y al asumir la presidencia de la Nación el gobierno peronista de Carlos Menem las descartó, aceptó el financiamiento del Banco Mundial para la redacción e implementación de la Ley Federal de Educación de 1994 y de la Ley de Educación Superior de 1995, que incluye las instituciones que forman maestros y profesores de los niveles obligatorios. Se adoptó para la Argentina el modelo educativo diseñado por organismos financieros internacionales para países destinados a ser proveedores de materias primas sin mayor valor agregado, a los que no les corresponde la posibilidad de generar desarrollo científico y tecnológico y cuya población en general no requiere "alfabetización" para llevar adelante estas actividades.
A nivel provincial, el "Pacto Social por la Educación (PSxE)" organizado durante 2018, sistematizó adecuadamente y durante más de un año las opiniones, propuestas y demandas de diversos actores sociales vinculados directa o indirectamente con el sistema educativo a través de 1590 mesas de diálogo donde se debatieron aspectos relacionados con la necesidad de mejorar la calidad de la formación de los docentes y de los estudiantes de forma continua. El paso siguiente a la redacción y presentación de las conclusiones que surgieron del PSxE debió ser la presentación del anunciado proyecto de "Ley de Metas Educativas", donde se especificarían las acciones a llevar adelante para alcanzarlas,los indicadores vinculados con esos resultados. Nunca fue considerado en la Legislatura Provincial.
En base a estos antecedentes, todo indica que los $689.126.000.000,00 que la Ley de Presupuesto Nacional 2025 le asignará al Ministerio de Capital Humano para el Programa "Plan Nacional de Alfabetización" se aplicarán a la organización de reuniones, congresos, capacitaciones, encuentros que, sin duda, serán interesantes, pintorescos, pero escasamente útiles a los fines del objetivo declamado: lograr revertir el desplome de la capacidad de enseñar del Sistema de Educación en la Argentina.
A diferencia del estancamiento actual de más de sesenta años en materia de generación de políticas de estado para mejorar el Sistema de Educación, hubo una época en la que las autoridades educativas tuvieron la idoneidad y la valentía necesaria para plantear respuestas concretas a las demandas del país. El Congreso Pedagógico de 1882 convocado por el Ministro de Educación Manuel Dídimo Pizarro y por Domingo Faustino Sarmiento, tuvo lugar -no casualmente- en el marco de la "Exposición Continental de la Industria". En dos meses de debate -abril y mayo de ese año- participaron las figuras más importantes del elenco político e intelectual de la época. El Congreso debatió acerca de las ideas y principios que debían regir la educación pública y sus resoluciones son consideradas como el principal antecedente de la legislación escolar nacional (Ley 1420 de 1884). A partir de esta Ley se revirtieron los niveles de analfabetismo, pasando del 53,3% en 1895 al 35,9% en 1914 y al 8,5% en 1960.
Resulta obvio que alfabetizar a una sociedad no es un proceso instantáneo ni definitivo. En el caso del proyecto de Sarmiento, el éxito concreto obtenido al implementar la educación primaria universal, gratuita y obligatoria perduró durante casi 80 años. Resulta incuestionable que la falta de actualización del sistema generó la alarmante situación actual.
En este contexto, no se debe soslayar que la identidad profesional docente presenta en Argentina un estatus ambiguo. Su actividad se caracteriza como una "misión" cuya dignidad deriva de la elevada función social que se atribuye a la educación escolar, responsable de formar al ciudadano, transmitir valores universales indiscutibles, promover la construcción de la idea de Patria y concretar la unidad nacional. Pero, junto a la asignación de tan importante rol, el maestro es tratado como un funcionario ubicado en un lugar muy preciso y bajo de la estructura jerárquica, del sistema, sometido a regulaciones y normas que fijan responsabilidades, tareas e incumbencias. El docente es considerado, a la vez, apóstol por su misión y funcionario de menor importancia por su encuadramiento administrativo.
La formación docente comenzó en la República Argentina en 1870 con la creación de la primera institución educativa destinada a esa finalidad: la Escuela Normal de Paraná, sede, en ese entonces, del gobierno nacional. Resulta importante considerar que el desarrollo del proceso iniciado por Sarmiento que redujo los índices de analfabetismo en la Argentina hasta ubicarlos entre los más bajos del mundo tuvo como pilar fundamental la creación de las "Escuelas Normales", conducidas y atendidas por educadores destacados a nivel global. El impacto de la mejora en la formación docente, requisito indispensable para que los alumnos aprendan, no fue, no es, ni será instantáneo. A pesar de ello, en algún momento la Argentina deberá sincerar el diagnóstico y generar las condiciones para que los maestros y profesores retomen el papel que les corresponde en el Sistema y que, a lo largo y a lo ancho del país, sean considerados con el respeto que se merecen.
Esta nueva aventura llamada "Plan Nacional de Alfabetización" podría convertirse en una oportunidad histórica para que el Estado Nacional reasuma su compromiso de centralizar y hacerse cargo efectivo del Sistema Educativo Nacional en los niveles obligatorios. En base a los datos objetivos, resulta evidente que, si se define un objetivo que incluya a todo el país basado en la formación ciudadana, un proyecto razonablemente consensuado para alcanzarlo que contemple indicadores precisos y medibles para el monitoreo de su evolución, con metas a cumplir en determinados plazos, con la asignación de responsabilidades indelegables, se podrá retomar un ciclo de mejora en la formación de nuestros niños y jóvenes.
(*) Ex Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy
