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EL GOBIERNO CONTRAATACA
Buenos Aires,-La Casa Rosada enviará un proyecto al Congreso para que estudiantes que no sean argentinos ni residentes estén obligados a pagar una cuota para poder cursar. La iniciativa formaba parte del primer texto de la Ley Bases y fue oficializada un día después de la multitudinaria marcha federal que reclamó mayores fondos para las universidades.
El Gobierno avanzará con un proyecto para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que asistan a universidades públicas. La iniciativa, que según pudo saber elDiarioAR será enviada al Congreso en las próximas semanas, forma parte de las reformas educativas impulsadas por Javier Milei y fue oficializada un día después de la multitudinaria marcha federal que reclamó mayores fondos para las universidades.
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La medida ya había sido contemplada en la Ley Bases, pero fue retirada durante las negociaciones en el Congreso. Ahora, tras el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario que fuera aprobada a mediados de septiembre, Milei decidió retomarla. Sin embargo, en la mayoría de las universidades nacionales del país los extranjeros no pueden estudiar sin ser residentes, por lo que resta conocer la letra completa de la normativa para saber a qué universo se dirige.
Uno de los puntos que proponía la normativa original era el de la implementación de aranceles para todos aquellos extranjeros que, sin residencia ni radicación, quieran estudiar alguna carrera de estudio superior (universitarios y terciarios). La propuesta abarcaba a las instituciones de "educación superior de gestión estatal" y a universidades nacionales, y dejaba afuera del arancelamiento a los argentinos nativos y a los extranjeros con residencia en el país.
Desde el oficialismo, aseguraron a elDiarioAR que el principio de gratuidad continuaría vigente para los estudiantes argentinos, mientras que las universidades podrán establecer convenios con otros países e instituciones para fomentar intercambios educativos y otorgar becas a estudiantes extranjeros bajo ciertas condiciones. En el Ministerio de Capital Humano sostienen, por ejemplo, que "el 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público".
En paralelo, el Ejecutivo también intentará impulsar una serie de reformas que abarcan desde evaluaciones al finalizar el ciclo secundario hasta la flexibilización de la educación a distancia. Entre los cambios propuestos, se destaca la posibilidad de que las universidades ofrezcan cursos de nivelación o exámenes de ingreso no excluyentes y la realización de evaluaciones externas periódicas a las universidades públicas y privadas.
El Gobierno defiende estas iniciativas argumentando que no buscan desfinanciar el sistema universitario, sino aumentar la transparencia en el uso de los recursos. Sin embargo, la propuesta se presenta en un clima de creciente tensión con la comunidad universitaria, que el miércoles pasado salió a las calles de las principales ciudades del país. El envío del proyecto de ley podría atizar todavía más el fuego del conflicto.
Días después de la multitudinaria marcha universitaria, en el Gobierno minimizan el impacto de la protesta y activan las negociaciones para reafirmar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario tras la convocatoria de la Unión Cívica Radical (UCR) para tratarlo el miércoles 9 de octubre en la Cámara de Diputados.
"¿Qué marcha?", ironizó un importante alfil libertario que planteó que la convocatoria perdió adhesión desde el 23 de abril, cuando más de un millón de personas salieron a la calle en todo el país en defensa de la educación pública, a la fecha.
Según expresan, la presencia de figuras políticas como la de la expresidenta Cristina Kirchner; el excandidato a presidente de Unión por la Patria Sergio Massa; o el senador radical Martín Lousteau favoreció al Gobierno en la puja y transformó la protesta en una marcha de la oposición con poca presencia de personas no agrupadas.
