ULTIMO MOMENTO:
ENFOQUE Por Gustavo Lores (*)
En la actualidad, el presupuesto que el Estado destina a las Universidades Nacionales a través del Congreso y su distribución entre cada una de ellas se determina sobre la base de una propuesta anual que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) eleva a la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SPU) dependiente de la Secretaría de Educación de la Nación.
Desde 1999, la SPU dispone de datos sensibles de las Universidades Nacionales de Gestión Pública necesarios y suficientes para evaluar la razonabilidad del requerimiento de fondos formulado por los Rectores a través del CIN.
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El Sistema Informático Universitario (SIU) que los contiene es una organización estatal, dependiente del CIN, que cuenta con alrededor de 9.000 técnicos y profesionales. El Consejo de Administración del SIU está integrado por representantes del CIN y de la SPU y fija sus lineamientos estratégicos. Actualmente están a disposición de la SPU los siguientes conjuntos de registros, por Universidad, Facultad y Carrera: a) compras, contrataciones y patrimonio; b) rendimientos académicos de cada alumno y docente; c) encuestas de los claustros y externas; d) recursos humanos -liquidación de haberes-; d) evolución económica, presupuestaria, financiera y contable; e) gestión de becas y f) facturación y cobranzas.
Con el objetivo de transparentar la distribución de los fondos públicos destinados a las universidades, entre 1999 y 2004, un grupo de especialistas coordinados por la SPU diseñó un sistema que parte de datos cargados en el SIU, define indicadores de aspectos relevantes de la gestión y de la eficiencia en la enseñanza y pautas objetivas de las necesidades de asignación de recursos para cada Universidad, para cada Facultad y para cada Carrera, en virtud de sus especificidades. Ni los Rectores ni las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional tomaron la decisión de aplicar este modelo. Como consecuencia, los fondos que el Estado destina discrecionalmente al conjunto de las universidades nacionales de gestión pública se reparten de manera arbitraria entre las 62 instituciones reconocidas.
Simultáneamente, a esta significativa irregularidad se produce otra más grave aún al interior de cada universidad. Tanto el aprendizaje como la investigación y la extensión tienen lugar en las respectivas Facultades de cada Universidad.
Ahora bien, el Congreso asigna una determinada partida presupuestaria por Universidad y es el Rector quien propone a los respectivos Consejos Superiores cuánto, de esa partida general, se le asigna a cada Facultad. El dinero público que llega a sus reales destinatarios no guarda, en general, ninguna coherencia ni con las reales necesidades ni con los merecimientos vinculados con la calidad de la gestión de cada Unidad Académica. Por el contrario, en ambos niveles de decisión, es decir Poder Ejecutivo -Congreso Nacional y Rectores- Consejos Superiores, intervienen otros intereses diferentes a los de la mejora de la calidad de la enseñanza, la excelencia en la investigación, la capacidad de participar en actividades de vinculación con la sociedad y la producción local.
Este análisis breve serviría de sobrado fundamento al Poder Ejecutivo Nacional para que, en conjunto con el Congreso, la SPU y el CIN, hicieran público un estudio sobre la asignación y distribución del presupuesto universitario. Sin embargo, el Gobierno Nacional no tiene por objetivo mejorar la Educación Universitaria Pública de Gestión Estatal. Luego de 10 meses al frente de la Subsecretaría de Políticas Universitarias lo único que produjo su titular es la acusación a los Rectores de corruptos, dividir por dos sin ningún fundamento la propuesta de presupuesto universitario 2025 elevada por esas autoridades y a cubrir con un manto de sospecha de "chorros" y "parásitos" a la comunidad universitaria, insultada desde el Poder Ejecutivo Nacional de todas las maneras imaginables.
En este momento el equipo de comunicación presidencial instala la palabra "Auditoría" como una cortina de humo para esconder la verdadera finalidad del recorte presupuestario, que es el progresivo deterioro del funcionamiento de las casas de estudio, el cierre de una importante cantidad de Carreras, Facultades y Universidades a lo largo y a lo ancho del país y, finalmente, la privatización de la Educación Pública en todos sus niveles, como establece la plataforma electoral de La Libertad Avanza y la ideología anarco capitalista que eligió el 56 % de los argentinos hace un año, basada en que el Estado sólo debe hacerse cargo de la Seguridad Pública.
Tampoco los Rectores están interesados en debatir sobre el presupuesto universitario. Porque, así como el Estado Nacional es discrecional al establecer el monto total de la partida y su distribución por casa de estudio, los Rectores son arbitrarios en la asignación de los recursos por Facultad o Unidad Académica. En ambos casos las decisiones están teñidas de intereses político - partidarios, ideológicos, de acuerdos con los gobiernos locales, de concreción de negocios personales o, simplemente, del objetivo de mantener aplastada a las respectivas líneas opositoras a la gestión oficial de cada universidad. Son contadas las excepciones en las que el análisis de la distribución presupuestaria interna de una Universidad Nacional de Gestión Pública superaría una prueba de integridad y de coherencia con las misiones y funciones declaradas en sus respectivos estatutos.
Los órganos colegiados responsables de aprobar estos presupuestos y distribuciones, el Congreso a nivel nacional y los Consejos Superiores en cada Universidad, están integrados por representantes que fueron elegidos para cumplir una función de alta responsabilidad. Sin embargo, muchos de sus miembros son influenciables y, con un estímulo adecuado, dejan de representar a sus electores -o a sus claustros en el caso de las universidades- para mimetizarse con las respectivas administraciones gobernantes y votar según las instrucciones de sus jefes políticos, de espaldas a sus electores.
A todo esto, el Consejo Interuniversitario Nacional se mantuvo al margen de los reclamos de la comunidad universitaria. A partir del 10 de diciembre de 2023, la disolución de los Ministerios de Educación y de Ciencia, Tecnología, Innovación y la degradación a Subsecretaría de la ex Secretaría de Políticas Universitarias pusieron de manifiesto señales evidentes del camino tomado por el Presidente, que llevaría inexorablemente al presente actual de la Universidad Pública de Gestión Estatal. Por otra parte, fue muy clara la selección del perfil y de la ideología de los funcionarios elegidos para ocupar la Secretaría de Educación de la Nación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias; ellos mismos se ocuparon de expresarse en las redes con la violencia digna de inadaptados sociales. Los Rectores guardaron silencio ante esta situación pese a que disponían de información privilegiada al respecto. Sin embargo, como lo vienen haciendo sistemáticamente, de manera individual intentaron negociar en privado algún tipo de clemencia individual para sus respectivas instituciones.
Con relación a la mascarada de las Auditorías, a las que ahora usan como lema los Libertarios del 56%, la Ley de Educación Superior 24.521 -de 1995- establece que: "El control administrativo externo de las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal es competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación (AGN) que, a tales efectos, dispondrá de un área específica con los recursos humanos y materiales adecuados para llevar a cabo esta tarea. Todas las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos." La AGN es una dependencia del Poder Legislativo de la Nación a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Por lo tanto, que se realicen o no auditorías en las universidades depende del Congreso Nacional y no de las Universidades. Que la AGN cuente con "un área específica con los recursos humanos y materiales adecuados para llevar a cabo esta tarea" depende del poder Ejecutivo Nacional, que debería asignar los correspondientes recursos. La cortina de humo presidencial acusa a "la comunidad universitaria de resistirse a las auditorías", cuando es el propio Presidente que, a causa de su incapacidad manifiesta para atender los asuntos de Estado, no atina a resolver la cuestión de fondo.
De hecho, el Poder Ejecutivo Nacional, violando la norma legal, enviará a partir de esta semana, a otros organismos del estado diferentes a la AGN a revisar las cuentas de la Universidades. Más allá de que esta actitud es reprochable jurídicamente, ni los auditores ni las auditorías administrativas tradicionales serían capaces de detectar irregularidades, malversación de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, ni oportunidades de mejora en la gestión universitaria, simplemente porque estas casas de estudio no tienen la misma lógica en su funcionamiento que el resto de la administración pública.
Estas auditorías resultarán en un espectáculo montado por los Rectores y el Gobierno Nacional para alimentar el morbo del periodismo y del público. Una puesta en escena para llegar a tiempo con la compra de voluntades de legisladores nacionales y consejeros superiores de universidades de modo de aprobar un presupuesto que hará inviable su funcionamiento y el pago de salarios del personal universitario e inaugurará el proceso de cierre de Carreras, Facultades y Universidades.
Ante esta situación, los Rectores y algunos Gremios Docentes dejaron en soledad a los Estudiantes Universitarios, que se ven en la obligación y la necesidad de poner el cuerpo en defensa de la Universidad Pública. Los mismos estudiantes que en 1918 se dieron cuenta que ni los Profesores, ni los Decanos, ni los Rectores, ni el Ministro de Educación, ni los Legisladores, ni los Gobernadores, ni el Presidente de la Nación los iban a acompañar en su lucha que concluyó con la Reforma Universitaria.
La sintonía del Gobierno Nacional con los Rectores para desactivar la protesta estudiantil se hizo evidente en estos días. Durante la realización de una asamblea de alumnos en la Universidad Nacional de Quilmes el pasado 14 de octubre, irrumpió una patota que, según se hizo público, responde a la Concejal de La Libertad Avanza Estefanía Albasetti. A fuerza de lanzar gas pimienta y trompadas, boicotearon la reunión estudiantil. Exactamente lo mismo y el mismo día, ocurrió en Villa Mercedes, en una de las sedes de la Universidad Nacional de San Luis. En este caso su propio Rector y actual Presidente del CIN, el Radical Víctor Moriñigo, fue el responsable de enviar un grupo de choque integrado por militantes de la Franja Morada para desbaratar la Asamblea por la fuerza.
El pronóstico es desalentador para las Universidades, en particular para sus estudiantes.
Fuentes: https://www.pagina12.com.ar/776010-la-patota-del-gas-pimienta- https://radio.fcejs.unsl.edu.ar/index.php/se-suman-los-repudios-al-violento-accionar-que-busco-romper-la-toma-pacifica-de-las-facultades/ -
(*) Ex Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy
