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Un reciente informe de la Fundación Libertad dejó al descubierto el exorbitante gasto público que representan los concejos deliberantes en numerosos municipios del país. Este análisis abarca 55 jurisdicciones y detalla cómo los recursos de los contribuyentes son empleados en mantener estructuras sobredimensionadas, muchas veces alejadas de las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Los resultados son alarmantes y colocan a municipios como San Miguel de Tucumán, bajo la conducción peronista, en el centro de las críticas por su evidente irresponsabilidad fiscal.
El caso más representativo es el de San Miguel de Tucumán, donde 18 concejales demandan un presupuesto anual de $12.028,9 millones, lo que equivale a $668,2 millones por edil. Este monto exorbitante lo ubica como el municipio con el costo más alto por concejal, reflejando la mala administración de recursos públicos en una provincia que enfrenta problemas significativos de pobreza y falta de infraestructura básica.
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El hecho de que este gasto se destine principalmente al sostenimiento de una estructura burocrática desproporcionada y no a mejoras tangibles para la población, evidencia el fracaso de un modelo de gestión que prioriza intereses políticos por encima del bienestar ciudadano.
Aunque San Miguel de Tucumán encabeza la lista, no es un caso aislado. Río Gallegos, en Santa Cruz, destina $4.475 millones a sus siete concejales, lo que implica un costo anual de $639,3 millones por legislador. Por su parte, San Salvador de Jujuy, con 12 ediles, registra un gasto de $564 millones por concejal. Posadas, en Misiones, es otro ejemplo preocupante, no solo por su alto presupuesto de $5.578 millones para 13 concejales ($429 millones por edil).
