El gobierno evalúa la reglamentación del Seguro de Salud por temor a la catástrofe electoral

Debido a la mala recepción que tuvo la medida de arancelamiento sobre el servicio de salud pública, desde el seno del Frente Cambia Jujuy ha iniciado una etapa de especulación electoral. El riesgoso costo político que puede implicar su entrada en vigencia será analizado, mientras la opinión pública rechaza cada vez con mayor intensidad la estrategia de financiación del empobrecido Instituto de Seguros de Jujuy.

Información confiable desde el interior de la Legislatura y Casa de Gobierno, ha confirmado a nuestro medio que existe temor latente ante el impacto que podría generar la entrada en vigencia del Seguro Provincial de Salud en vísperas de las próximas elecciones legislativas. Desde el mismo día en que la Ley Nº 6.453 fue sancionada, hace poco más de una semana atrás, ha ido sumando rechazos de distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, profesionales y hasta la opinión pública en la calle se ha expresado en su contra, dejando en claro que los contribuyentes no desean/pueden afrontar otro plato roto heredado por la mala administración política de los organismos públicos, en este caso el ISJ.

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Es que dentro del articulado, los diputados oficialistas dejaron bien en claro que la necesidad de tarifar el acceso al sistema sanitario público provincial responde al desfinanciamiento del gobierno nacional, que aún siendo cierto, no quita que el subsistema público de salud y en especial la obra social estatal se encuentren en decadencia mucho antes de la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación. Para los profesionales y sindicalistas que se desempeñan en el ámbito, las supuestas bondades del SEPROSA como ser "un mecanismo solidario para darle cobertura a los sectores vulnerables", no salen de una falacia para tapar el objetivo final: privatizar el servicio en favor de intereses particulares.

Como ha ocurrido históricamente con otras leyes disruptivas, la reglamentación del Seguro de Salud estaría supeditada a la aprobación o rechazo popular, retrasándose quizás indefinidamente. Se ha rumoreado con la posibilidad que el gobernador Carlos Sadir accione vetando la ley de creación del SEPROSA, aunque esta acción no solo tendría costo político puertas adentro al rechazar una norma apoyada por la mayoría de sus diputados, también enviaría un mensaje de indecisión y falta de unidad hacia el electorado. Los 20 artículos que componen la creación del Seguro no dejan mucho margen de maniobra al Ejecutivo, un veto parcial parece poco factible teniendo en cuenta que existen reparos y controversias sobre la mayor parte de la composición del proyecto. Aún cuando en una eventual reglamentación podrían aclararse varios puntos grises, la mayor parte de su composición tendría sesgos clasistas al estigmatizar a la población económicamente vulnerable de Jujuy, quienes deberían declarar abiertamente su estado de pobreza.