ULTIMO MOMENTO:
COBRO A LA SALUD PUBLICA
Hace una semana diputados de la UCR y el PJ fueron protagonistas de uno de los capítulos más reaccionarios en la historia del sistema público de salud nacional. El cobro para acceder a este derecho esencial es parte del combo privatista y del negocio de empresarios a pedido de Milei. Impulsemos una gran campaña nacional ante este grave ataque y un plan de lucha de la CGT, CTA para echar atrás al mismo. Fuerzas hay.
Lejos de ser una medida solidaria para fortalecer el sistema público de salud como afirmó el ministro de salud antiderechos, Gustavo Bouhid, junto a diputados oficialistas, la Ley 6453 que crea el SEPROSA - Seguro Provincial de Salud, obliga a trabajadores precarizados y sus familias que no cuenten con obra social a pagar por un derecho gratuito y universal que tendría que garantizar el Estado para todas las personas sin distinción de raza, religión, ideología política, condiciones económica o social.
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Recordemos que el derecho a la salud en Argentina está garantizado en la Constitución provincial y nacional. En está última, adhiriendo a pactos y tratados internacionales. Tomando los mismos, la salud es un derecho colectivo, público y social, de hecho la Organización Mundial de la Salud - OMS establece que el derecho universal a la salud es un derecho humano y que los Estados tienen que adoptar un enfoque para garantizar.
La medida aprobada en la Legislatura va en sentido contrario. Expresa un cambio profundo, inconstitucional e ilegal, de cómo se concibe a la salud, de ser derecho universal a ser una mercancía. Según esta última concepción, un servicio que ofrece el Estado al igual que el sistema privado, que se accede mediante el pago, como ya lo proponía el Banco Mundial en los años 90?, el Plan Federal de Salud en el 2004, y la misma Cobertura Universal de la Salud - CUS del macrismo.
En Jujuy, es el Plan Estratégico de Salud, creado en el gobierno de Gerardo Morales (UCR) y aprobado por el bipartidismo en el 2018, que funciona como laboratorio de la privatización y arancelamiento del sistema público. Es así que antes de llegar a la medida votada recientemente, se avanzó en el cobro racista a hermanas y hermanos extranjeros, como también la ley que promueve la iniciativa privada en el sistema público de salud, además de la descentralización del sistema sanitario, entre otras medidas.
NO HAY PLATA, PERO SI SUPERAVIT
La ley que cobra a más del 50% de la población que no tiene obra social, que seguramente engrosa el 55,7% de los pobres de la provincia, es justificada para "suplir" recortes nacionales del gobierno de Miliei, en materia de salud que existen y lo venimos denunciando, que la UCR avala.
En la provincia, según el Censo de población de hogares y viviendas del 2022, la población más afectada no casualmente son de departamentos donde prevalecen comunidades indígenas y familias, que producen para el autosustento o tienen trabajos precarios. Yavi, Cochinoca, Tilcara, Humahuaca, Santa Catalina, Santa Bárbara, de los departamentos con mayor porcentaje de personas sin obra social, prepara ni plan estatal.
Lo llamativo es que mientras acuden a cobrar a precarios y precarias, que si no tienen obra social o prepaga, es porque no pueden o no les garantizan sus patrones, la provincia hace alarde del superávit de más de 7 mil millones de pesos.
