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EN EL AÑO NUEVO
Buenos Aires,- La agenda judicial del fuero federal 2025 abrirá en febrero próximo con la atención puesta en la situación de dos ex presidentes, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quienes enfrentarán definiciones en distintas causas penales que los tienen como protagonistas.
El 2024 fue un año judicial complicado para Alberto Fernández, se vio imputado en dos causas penales y tuvo que responder en Comodoro Py por supuestos delitos en la contratación de pólizas de seguro para organismos públicos.
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El 27 de noviembre marcó su primera visita a tribunales como acusado desde que dejó la presidencia, negó las acusaciones por la contratación de seguros a través de "brokers" que habrían recibido millonarias comisiones.
En esta investigación con 39 acusados la resolución de situaciones procesales se conocerá en febrero porque resta indagar a un imputado que vive en España y el trámite por videoconferencia se programó para inicios de ese mes.
El juez federal Julián Ercolini y el fiscal del caso Carlos Rívolo los imputan por fraude y direccionamiento en la contratación de seguros para organismos públicos.
Finalizado el año, el ex presidente Fernández sí logró postergar con una batería de recursos una segunda visita a Comodoro PY 2002, esta vez como indagado en la causa por violencia de género contra la ex Primera Dama Fabiola Yañez.
Sin embargo, el inicio del 2025 lo encontrará en tribunales. El 4 de febrero a las 11, a un día del reinicio de la actividad judicial luego de la feria de enero, el ex presidente deberá presentarse ante el juez federal Julián Ercolini en esa causa en la que la fiscalía a cargo de Ramiro González lo acusa de delitos que prevén penas de prisión efectiva.
Llegará imputado por "lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones".
En el caso de la ex presidenta Cristina Kirchner, el 2024 fue un año de malas noticias en el frente judicial: se confirmó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de obra pública nacional entre 2003 y 2015 en Santa Cruz.
En el reinicio de la actividad judicial en febrero el eje estará puesto en los recursos extraordinarios que tienen que presentar todas las partes ante la sala IV de la Cámara Federal de Casación para intentar llegar a la Corte en apelación en esta causa conocida como "Vialidad".
