Según trascendidos, la Procuración General del Ministerio Público de la Acusación habría remitido una solicitud a la Auditoría General de Gestión del organismo para evaluar la actuación de los fiscales Rodrigo Fernández Ríos y Walter Hugo Rondón en la causa conocida como "Residencial Ranys".
El objetivo sería determinar si existieron posibles causales de mal desempeño en la tramitación del expediente. El caso, que involucra denuncias por corrupción de menores en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la antigua terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy, dio un giro a fines de diciembre cuando el juzgado de control provincial actuante se declaró incompetente, remitiendo las actuaciones a la órbita federal. Actualmente, el juez Esteban Hansen y el fi scal federal Federico Zurueta estarían a cargo de la investigación.
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La Auditoría General de Gestión del MPA, a cargo de Esteban Zamar, según la normativa vigente "tiene como misión velar por la transparencia y eficacia de los procedimientos internos, garantizando el cumplimiento de los deberes funcionales de los fiscales y otros operadores judiciales". En este sentido, la intervención de este órgano busca esclarecer cualquier irregularidad que pueda comprometer la integridad del proceso judicial.