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Los jefes de las Brigadas de Investigaciones de la Policía de la provincia habrían recibido una copia de una resolución emitida por la Procuraduría General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en la que se dispondría una auditoría integral de su funcionamiento. Estas medidas tendrían como objetivo identificar posibles irregularidades, especialmente investigaciones realizadas sin autorización fiscal, y garantizar que todas las acciones sean conducidas bajo la supervisión de los fiscales, en cumplimiento con los principios del sistema acusatorio.
La resolución ordenaría a los fiscales y ayudantes fiscales realizar una verificación detallada del personal de las brigadas, incluyendo sus antecedentes laborales, funciones específicas y horarios de servicio. Además, se revisaría el estado de los recursos materiales, como vehículos y herramientas tecnológicas, evaluando su mantenimiento y disponibilidad. Los protocolos de actuación también serían sometidos a revisión para asegurar su alineación con el marco legal.
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Uno de los puntos destacados de la disposición sería la implementación de evaluaciones psicológicas al personal de las brigadas, con el propósito de identificar factores que pudieran afectar su desempeño profesional. Este esfuerzo sería complementado con capacitaciones en tecnologías, cadena de custodia y derechos de las víctimas, buscando fortalecer la profesionalización y transparencia en las investigaciones. El documento enfatizaría la necesidad de registrar todas las actuaciones en el sistema de gestión digital del MPA, asegurando así un control centralizado de las investigaciones.
