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Para la suspensión de la presencialidad en las aulas
Buenos Aires,-El Gobierno nacional presentó ante la Corte Suprema los argumentos que llevaron al presidente Alberto Fernández a firmar el último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dispuso, entre otras medidas, la suspensión de la presencialidad en las clases por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), actuaciones que el máximo tribunal remitió a la Procuración General de la Nación.
La presentación del Ejecutivo fue realizada, cuando vencía el plazo de cinco días para presentar la fundamentación, por miembros de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.
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El máximo tribunal dio por recibida ayer la presentación de la Procuración del Tesoro sobre la validez del DNU, que tiene vigencia hasta este viernes, y resolvió pasarle las actuaciones a la Procuración General de la Nación para que emita un nuevo dictamen sobre la cuestión en un plazo de 72 horas.
Entre las principales razones esgrimidas en la presentación, el Gobierno indicó que en la zona del AMBA se dan actualmente más del 50 por ciento de los nuevos casos de coronavirus, en el marco de la segunda ola que atraviesa el país.
También se detalla que el ritmo de contagio es superior al que se venía experimentando y mayor al que se registra en otras áreas de alto riesgo epidemiológico en el país.
Por otra parte, se advierte que la saturación del sistema de salud tiene como consecuencia primordial el aumento de las cifras de mortalidad.
"El Gobierno Federal comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo posible, pero en este contexto actual, es deber del Estado abordar medidas de tal carácter, en la protección de la vida y la salud pública", sostiene el texto.
Asimismo, rechaza el argumento esgrimido por el Gobierno porteño de que "la educación en forma virtual no resulte adecuada y suficiente para la actual situación epidemiológica", y que "la educación virtual traiga aparejados gravísimos perjuicios en niños y adolescentes en su evolución psicológica, interpersonal y social".
También descarta que "la presencialidad escolar tenga una incidencia mínima en la propagación del COVID-19".
Por otra parte, el Gobierno rechaza que el decreto "haya sido dictado a los fines de cambiar el centro de la atención pública y que pueda considerarse un fracaso del Gobierno nacional su plan de adquisición de vacunas contra el virus SARS-COV-2 (Covid-19)", tal como argumentó el gobierno porteño.
En tanto, el Ejecutivo solicitó que se citara a la provincia de Buenos Aires dado que la circulación no afecta solo a la ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, el máximo tribunal rechazó que la Provincia de Buenos Aires sea citada a expresar su posición en una audiencia sobre el conflicto planteado entre la Nación y CABA en torno a la apertura de las escuelas en la distrtito capitalino en el contexto de la segunda ola de coronavirus, según el falla.
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